Asesinato de Alejandro Leyva confirma que Oaxaca también integra el mapa nacional de impunidad contra periodistas mexicanos

Asesinato de Alejandro Leyva confirma que Oaxaca también integra el mapa nacional de impunidad contra periodistas mexicanos

Tercera y última entrega | La mañana del 22 de julio de 2026, San Pablo Etla dejó de ser un escenario cotidiano para convertirse en otro punto del mapa nacional donde la violencia silenció a un periodista. Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado mientras desayunaba, sumándose a la larga lista de comunicadores ejecutados en México.

Leyva Aguilar dirigía el espacio informativo El Zumbido del Moscardón, caracterizado por su análisis político y sus críticas al poder. Su asesinato provocó condenas de organizaciones periodísticas, defensores de derechos humanos y autoridades, que exigieron una investigación pronta, imparcial y exhaustiva.

Las primeras investigaciones incorporaron imágenes obtenidas mediante cámaras del C5, sistemas de videovigilancia del fraccionamiento La Esmeralda y equipos privados de seguridad. Ese material permitió reconstruir la ruta seguida por los presuntos responsables antes y después del ataque armado.

Las grabaciones fortalecieron diversas líneas de investigación y facilitaron la identificación del recorrido realizado por los agresores. Sin embargo, disponer de evidencia tecnológica representa apenas el inicio del proceso judicial y no constituye garantía de que el crimen llegue a resolverse.

Hasta ahora, el expediente permanece abierto y sin responsables procesados públicamente. Como ocurre en la mayoría de los homicidios de periodistas registrados durante el actual sexenio, la investigación continúa desarrollándose sin una resolución judicial que permita romper el ciclo de impunidad.

El caso de Oaxaca se incorpora así a un escenario nacional donde las fiscalías anuncian avances periciales, aseguramientos y análisis de evidencia, pero rara vez presentan sentencias firmes contra autores materiales y, mucho menos, contra quienes ordenan los asesinatos.

La ejecución de Leyva Aguilar también reavivó el debate sobre las condiciones en que ejercen periodistas independientes, particularmente aquellos que documentan corrupción, violencia, seguridad pública y conflictos políticos en entidades con elevados índices de criminalidad.

Diversas organizaciones nacionales recordaron que asesinar periodistas afecta directamente el derecho ciudadano a recibir información. Cada comunicador silenciado representa una fuente menos de vigilancia pública y un golpe adicional a la libertad de expresión democrática.

Mientras las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación, colegas, familiares y organizaciones mantienen la exigencia de esclarecer plenamente el homicidio. La expectativa social se centra en evitar que el expediente se sume a la extensa lista de crímenes irresueltos.

El asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar no constituye únicamente una tragedia personal o local. Simboliza la permanencia de un fenómeno nacional donde informar sigue costando la vida y donde la justicia continúa llegando demasiado tarde o, simplemente, nunca llega.

Foto: Perfil de Facebook

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