Diecinueve periodistas asesinados en México, sin justifica efectiva, evidencian impunidad existente durante el gobierno de Claudia Sheinbaum
Primera de 3 entregas | En México, ejercer el periodismo continúa siendo una actividad de alto riesgo. A menos de dos años del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, el asesinato de 19 periodistas y comunicadores confirma que la violencia contra la prensa permanece como una constante, mientras la justicia permanece avanza lentamente y la impunidad domina el panorama nacional.
Las cifras retratan una tragedia repetida. Detrás de cada homicidio existe una historia interrumpida, una familia devastada y una comunidad privada de una voz informativa. Sin embargo, también existe un patrón institucional: investigaciones prolongadas, expedientes abiertos durante meses y ausencia de resultados judiciales definitivos en prácticamente todos los casos registrados.
Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión advierten que el problema no radica únicamente en los asesinatos, sino en la incapacidad o la falta de voluntad del Estado para castigarlos. Artículo 19 sostiene que históricamente la impunidad en delitos contra periodistas oscila entre 90 y 98 por ciento, convirtiendo las sentencias condenatorias en excepciones.
Durante la actual administración federal no existe un balance nacional consolidado que informe cuántas personas han sido procesadas o sentenciadas por los 19 asesinatos documentados. La ausencia de estadísticas oficiales alimenta la percepción de que las investigaciones avanzan de manera fragmentada y sin mecanismos públicos de rendición de cuentas.
Los homicidios se concentran principalmente en entidades donde convergen violencia criminal, corrupción y conflictos políticos locales. Veracruz y Guerrero acumulan tres casos cada uno; Michoacán, Guanajuato y Puebla registran dos respectivamente, mientras Oaxaca, Estado de México, Sonora, Tabasco, Quintana Roo, Durango y Nuevo León reportan uno.
Cada entidad refleja un contexto distinto, pero el desenlace suele repetirse. Reporteros de nota roja, periodistas comunitarios, directores de medios digitales y comunicadores independientes han sido asesinados mientras realizaban su trabajo, dejando investigaciones abiertas que rara vez alcanzan a los autores intelectuales.
La violencia tampoco distingue trayectorias. Algunos periodistas contaban con antecedentes de amenazas; otros disponían incluso de medidas de protección oficiales. Ninguna de esas condiciones evitó que fueran atacados, evidenciando las limitaciones de los mecanismos institucionales para prevenir agresiones contra quienes informan.
Los nombres de Carlos Castro, Luis Ángel López, Josué Martínez Contreras, Manuel Alejandro Moreno Serna, Patricia Ramírez González, Francisco Alejandro Leyva Aguilar y otros comunicadores se han incorporado a una lista que sigue creciendo mientras las investigaciones permanecen inconclusas o sin ningún avance.
La ausencia de resoluciones judiciales también genera un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico. Cada expediente sin castigo envía un mensaje de vulnerabilidad a cientos de reporteros que diariamente cubren temas relacionados con seguridad, corrupción, política y crimen organizado en diversas regiones del país.
Así, los 19 asesinatos registrados durante el actual sexenio no representan únicamente estadísticas criminales. Constituyen un indicador de la fragilidad de la libertad de expresión en México, donde la impunidad continúa siendo el principal aliado de quienes buscan silenciar a periodistas mediante la violencia.
