Mientras otros estados abren negocios en días, Oaxaca demora hasta cuatro meses por excesiva burocracia administrativa
Monterrey, Nuevo León, se consolida como uno de los principales referentes nacionales para abrir un negocio gracias a la simplificación de trámites, la digitalización y el respaldo institucional a los emprendedores. En contraste, Oaxaca permanece entre las entidades con mayores obstáculos burocráticos, situación que desalienta inversiones y limita la generación de empleos formales.
La diferencia entre ambas entidades se refleja en los principales indicadores de competitividad. Mientras Nuevo León figura entre los estados líderes del país por su infraestructura, atracción de inversiones y simplificación regulatoria, Oaxaca se ubica alrededor del lugar 30 de 32 en el Índice de Competitividad Estatal 2025 del IMCO, afectado por rezagos en mercado laboral, infraestructura, derecho y burocracia.
Los datos históricos del Banco Mundial sobre Subnational Doing Business colocaban a Monterrey como la ciudad con mayores facilidades para abrir un negocio en México, gracias al reducido número de procedimientos, menores tiempos de respuesta y costos relativamente bajos. Oaxaca de Juárez, por el contrario, aparecía entre las ciudades con procesos más largos, complejos y caros.
En Nuevo León, la estrategia gubernamental para atraer inversiones incluye ventanillas únicas, plataformas digitales y el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), que permite autorizar establecimientos de bajo riesgo en un plazo de hasta tres días, reduciendo significativamente la carga administrativa para los emprendedores.
Además, el estado ha digitalizado alrededor de 34 de los aproximadamente 50 trámites relacionados con la apertura de empresas, facilitando que buena parte del procedimiento pueda realizarse en línea. Este modelo reduce tiempos, costos y desplazamientos, favoreciendo la creación de nuevas fuentes de empleo y el crecimiento económico.
En Oaxaca, aunque existen esfuerzos de modernización y algunos municipios cuentan con esquemas SARE, la realidad para muchos emprendedores continúa marcada por trámites presenciales, permisos municipales lentos y procesos administrativos que pueden extenderse durante semanas o incluso meses, dependiendo del giro comercial y la localidad.
Uno de los principales cuellos de botella se encuentra en los permisos de uso de suelo, licencias de funcionamiento y autorizaciones municipales, considerados por empresarios como los procedimientos más tardados. A ello se suman rezagos en infraestructura, conectividad, servicios digitales y una elevada informalidad que complica la consolidación de nuevos negocios.
Las diferencias se reflejan incluso en proyectos pequeños, como la apertura de una taquería. Mientras en Monterrey un establecimiento de bajo riesgo puede obtener autorización en uno a tres días mediante plataformas digitales, en Oaxaca el proceso es presencial y puede prolongarse desde dos semanas hasta varios meses, dependiendo de los requisitos municipales.
Aunque ambos estados deben cumplir disposiciones federales como el alta ante el SAT, el Aviso de Funcionamiento Sanitario de COFEPRIS y las obligaciones laborales cuando existen empleados, el factor que determina la rapidez del proceso sigue siendo la eficiencia de las autoridades municipales para emitir licencias y permisos.
La creación de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, puesta en marcha en 2026, busca reducir los requisitos para abrir un negocio de aproximadamente 63 a sólo 10, lo que representa una disminución cercana al 84 por ciento. Sin embargo, su impacto dependerá de la adopción efectiva por parte de los gobiernos estatales y municipales.
Otro mecanismo disponible en todo el país es la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que permite constituir empresas gratuitamente y completamente en línea en un plazo de entre 24 y 72 horas para pequeños negocios. No obstante, especialistas advierten que las ventajas federales pierden eficacia cuando los permisos locales continúan siendo lentos.
La comparación entre Monterrey y Oaxaca de Juárez evidencia dos modelos administrativos con resultados distintos sobre la economía. Mientras uno apuesta por reducir la burocracia para incentivar inversión, emprendimiento y empleo formal, el otro continúa enfrentando una tramitología interminable que limita la competitividad, fortalece la informalidad y dificulta la creación de nuevas oportunidades laborales.
