ASAEO opera como supuesto sindicato en Oaxaca pero no tiene registro oficial federal ni estatal que respalde su representación legal
Antes de presentar una organización como sindicato, la ley exige su registro ante las autoridades laborales competentes. Sin embargo, en el caso de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), no existe evidencia pública ni registro oficial, federal o estatal, que respalde esa condición jurídica.
Pese a ello, ASAEO se presenta como sindicato de transportistas, convoca asambleas, cobra cuotas mediante recibos a asociaciones de taxistas e, incluso, pretende obligar a diversos grupos a afiliarse, aunque legalmente no existe constancia pública de que cuente con personalidad sindical reconocida por las autoridades correspondientes.
En la práctica, la organización mantiene amplia presencia política y social. Participa en mesas de trabajo sobre la Ley de Movilidad, presume representar a decenas de miles de agremiados, establece alianzas con otras organizaciones y es vinculada públicamente con personajes como Sharon Curiel, Óscar Salazar y Noé Jara.
No obstante, también acumula denuncias de transportistas, empresarios y hoteleros por presuntos cobros de piso, hostigamientos, desalojos y otras prácticas irregulares. Estas acusaciones adquieren mayor relevancia al no existir un registro público verificable que acredite su carácter sindical ni la legalidad de sus actuaciones.
La legislación mexicana establece que los sindicatos deben contar con registro o toma de nota ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o, según corresponda, ante la autoridad laboral local. Sin embargo, búsquedas en el repositorio público oficial no arrojan resultados para ASAEO ni para su denominación completa.
Mientras las autoridades guardan silencio, una organización sin registro oficial continúa actuando como si fuera sindicato, ejerciendo influencia sobre el transporte y otros sectores. La falta de certeza jurídica abre cuestionamientos sobre la legalidad de sus cobros, afiliaciones y representación, además de evidenciar la omisión gubernamental para aclarar su situación legal.
