Deuda millonaria y firmas falsas cercan al alcalde de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en nueva polémica municipal
El alcalde de Juan Carlos García Márquez vuelve a colocarse en el centro de la controversia tras intentar comprometer financieramente al Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino con un crédito de 37.2 millones de pesos, cuya legalidad, pertinencia y transparencia ya generan severos cuestionamientos políticos, sociales y administrativos en el municipio.
Mediante el oficio MSLC/CHM/154/2026, recibido el 19 de junio por el Congreso local, García Márquez solicitó autorización para contratar un crédito simple destinado, según su versión, a inversiones públicas productivas y adquisición de bienes inmuebles. Sin embargo, la petición carece de información detallada sobre propiedades específicas, costos unitarios y criterios técnicos de adquisición.
La opacidad del planteamiento encendió alertas inmediatas entre legisladores y actores políticos. El diputado del Partido del Trabajo, Dante Montaño Montero, fue el primero en cuestionar si el Cabildo realmente aprobó la solicitud y, sobre todo, si las firmas de regidores incluidas en el expediente son auténticas, dada la existencia de antecedentes graves de presunta falsificación documental por parte del presidente municipal.
El intento de endeudamiento adquiere mayor gravedad porque ocurre bajo la sombra de un escándalo penal no resuelto. Desde meses atrás, regidores de oposición denuncian que el alcalde habría utilizado firmas apócrifas en documentos oficiales, incluyendo actas de Cabildo y escritos presentados ante instancias judiciales federales, sin consecuencias legales hasta ahora.
El caso más emblemático es el del regidor Ader Reyes Méndez, quien el 17 de junio exhibió públicamente su firma original frente a otra presuntamente falsificada. Sostiene que el alcalde presentó la versión apócrifa ante el Poder Judicial Federal para respaldar trámites cuya legitimidad continúa siendo severamente cuestionada públicamente.
Las acusaciones no se limitan a una simple alteración de firmas. Reyes Méndez y otros concejales denuncian una presunta red de corrupción que incluiría manipulación de sellos oficiales, fabricación de documentos fiscales y uso indebido de instrumentos administrativos para encubrir adeudos con el SAT y otras irregularidades financieras municipales.
Según los denunciantes, dichas maniobras habrían derivado incluso en embargos de cuentas y afectaciones patrimoniales a regidores, configurando un posible entramado de abuso de poder. Pese a la gravedad de las acusaciones, no existen reportes públicos sobre peritajes grafoscópicos concluidos, judicialización efectiva o sanciones concretas contra responsables identificados, hasta hoy.
La ausencia de resultados judiciales alimenta sospechas de protección institucional. Regidores opositores, entre ellos Adriana Díaz García y Luis Rey Martínez, sostienen que sus denuncias han sido minimizadas o frenadas deliberadamente. También señalan la posible intervención de despachos privados y operadores judiciales que favorecerían al alcalde municipal.
En este contexto, la nueva solicitud de deuda genera desconfianza. Resulta difícil aceptar un crédito multimillonario cuando persisten dudas sobre la autenticidad de documentos oficiales. Más aún cuando legislación federal en materia de disciplina financiera limita comprometer recursos públicos que puedan convertirse en cargas para administraciones municipales futuras.
¿Para qué quiere 37 millones el alcalde? ¿Quién supervisará el uso del dinero? ¿Lo pagará antes de abandonar lo alcaldía o heredará la deuda a su sucesor/a? Mientras no se esclarezca el presunto fraude documental y el caso penal siga congelado, cualquier autorización crediticia podría interpretarse no como inversión pública, sino como otro cheque en blanco a un personaje carente de confianza e institucionalidad.
