
Oaxaca lidera en número de policías investigadores, pero fracasa en averiguaciones y capturas, revela México Evalúa
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca concentra la mayor proporción de policías investigadores del país, pero sus resultados contrastan con esa capacidad operativa. Un estudio de México Evalúa reveló que la entidad ocupa uno de los peores lugares nacionales en cumplimiento de órdenes de aprehensión y resolución de investigaciones.
El informe “Radiografía de las Fiscalías en México”, presentado en junio de 2026, expone que Oaxaca cuenta con un 54 por ciento de personal operativo adscrito a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), porcentaje superior al de cualquier otra entidad federativa. Sin embargo, esa fortaleza numérica no se traduce en eficacia.
De acuerdo con el análisis, la Fiscalía oaxaqueña apenas cumple el 12 por ciento de las órdenes de aprehensión libradas por jueces locales. Esto significa que alrededor del 88 por ciento de los mandamientos judiciales permanece pendiente, ubicando al estado en el segundo peor lugar nacional.
La consecuencia directa de esa deficiencia es la persistencia de elevados niveles de impunidad. Miles de víctimas ven frustradas sus expectativas de justicia mientras los responsables continúan prófugos, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de perseguir los delitos.
Otro dato preocupante es el uso masivo del archivo temporal. Durante 2024, la Fiscalía de Oaxaca envió a esa condición el 74 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas, convirtiéndose en la segunda entidad con mayor porcentaje de expedientes sin resolver.

Lejos de representar una solución excepcional, el archivo temporal se ha convertido en una especie de válvula de escape administrativa. El estudio advierte que esta práctica permite disminuir cargas estadísticas, pero no significa que los delitos hayan sido esclarecidos o castigados.
La paradoja está a la vista: Oaxaca dispone de una de las estructuras investigadoras más amplias del país, pero presenta uno de los peores desempeños en resultados concretos. La abundancia de agentes no ha sido suficiente para garantizar capturas ni para concluir las investigaciones abiertas.
México Evalúa sostiene que la crisis no radica únicamente en la cantidad de personal, sino en problemas de gestión, coordinación y planeación estratégica. Las fallas en los procesos internos y el rezago tecnológico limitan la efectividad de la procuración de justicia.
La organización civil señala además que persisten prácticas heredadas del antiguo sistema inquisitivo. A una década de la implementación del sistema penal acusatorio, las fiscalías continúan arrastrando inercias burocráticas que impiden una investigación moderna y eficiente.
Las particularidades geográficas y sociales de Oaxaca representan desafíos adicionales. La dispersión territorial, las regiones indígenas y la coordinación con corporaciones municipales y estatales exigen capacidades especializadas que no siempre han sido acompañadas por mecanismos operativos eficaces.

La ausencia de una respuesta pública de la Fiscalía General del Estado frente a las conclusiones del estudio también ha llamado la atención. Aunque la institución difunde regularmente detenciones y operativos, no ha fijado una postura sobre los señalamientos relacionados con desempeño e impunidad.
La situación resulta especialmente grave porque las fiscalías constituyen el eje central del sistema de justicia. Sin investigaciones sólidas y órdenes de captura cumplidas, cualquier reforma judicial corre el riesgo de convertirse en un cambio meramente formal, sin impacto en la realidad.
México Evalúa propone fortalecer los sistemas digitales, profesionalizar al personal y establecer mecanismos de evaluación basados en resultados. También recomienda definir prioridades de persecución penal y mejorar la coordinación entre policías, ministerios públicos y otras instituciones.
La transparencia y la rendición de cuentas aparecen como elementos indispensables para recuperar la confianza ciudadana. En un contexto donde la percepción de corrupción sigue siendo elevada, la falta de resultados alimenta la desconfianza y la sensación de abandono entre las víctimas.
El caso de Oaxaca refleja una profunda contradicción: la entidad con el mayor número de policías investigadores es, al mismo tiempo, una de las menos efectivas para detener delincuentes y esclarecer delitos. Mientras esa brecha entre recursos y resultados persista, la impunidad continuará siendo una de las principales deudas del sistema de justicia estatal.
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