La impunidad mantiene sin castigo cinco asesinatos de alcaldes y exhibe fallas del Estado oaxaqueño
La violencia contra autoridades municipales continúa exhibiendo una de las asignaturas pendientes más graves en Oaxaca: el combate a la impunidad. Con el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez (PAN), presidente municipal de San Miguel Amatitlán, suman cinco alcaldes ejecutados desde 2022, sin que hasta ahora hayan sido detenidos los autores materiales e intelectuales de estos crímenes.
El homicidio ocurrido el 13 de junio de 2026 fue el quinto de esta cuenta. Un grupo armado irrumpió en el domicilio del edil Bravo Martínez y lo asesinó a balazos. La víctima había sobrevivido previamente a un atentado y había solicitado protección oficial, pero su petición no fue atendida.
Aunque la Fiscalía de Oaxaca abrió una nueva carpeta de investigación y el gobernador Salomón Jara Cruz expresó sus condolencias y prometió justicia, los antecedentes recientes muestran una constante preocupante: las investigaciones avanzan lentamente y ninguna ha derivado en la captura de los responsables materiales o intelectuales.
La cadena de asesinatos comenzó en noviembre de 2022 con la ejecución de Crispín Hernández Vásquez, presidente municipal electo de San Pedro Mixtepec. El ataque ocurrió días antes de que asumiera el cargo bajo sistemas normativos internos. Desde entonces, el caso permanece sin resultados públicos que permitan esclarecerlo.
Dos años después, el 15 de octubre de 2024, Román Ruiz Bohórquez, alcalde de Candelaria Loxicha, fue asesinado dentro de su domicilio con arma blanca. Las primeras líneas de investigación apuntaron a conflictos personales, pero el paso del tiempo tampoco ha producido detenciones ni sentencias.
La violencia se recrudeció en 2025. El 15 de mayo de ese año, Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec, fue emboscado mientras se trasladaba por carretera. En el ataque murieron también varios acompañantes y elementos de la policía municipal, sin que hasta ahora se conozca el castigo para los responsables.
Un mes después, el 15 de junio de 2025, la alcaldesa de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada a balazos dentro del propio Palacio Municipal. En la agresión murió además un trabajador del ayuntamiento. Las diversas líneas de investigación anunciadas por las autoridades tampoco han arrojado resultados concretos.
Con el crimen de Joel Ángel Bravo Martínez, Oaxaca acumula cinco presidentes municipales asesinados en menos de cuatro años. Los hechos se han registrado en distintas regiones, desde la Mixteca hasta la Costa y la Sierra Sur, evidenciando que la violencia no se concentra en una sola zona del estado.
Más allá de los discursos oficiales y los operativos anunciados tras cada atentado, el denominador común ha sido la ausencia de justicia. La impunidad se ha convertido en un problema estructural que continúa erosionando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de investigar y perseguir los delitos.
La ejecución de Bravo Martínez resulta especialmente preocupante porque existían antecedentes y advertencias sobre los riesgos que enfrentaba. El hecho de que sus solicitudes de protección no hayan sido atendidas exhibe deficiencias en los mecanismos de prevención y en la capacidad del Estado para proteger a sus autoridades locales.
Especialistas advierten que detrás de esta ola de violencia convergen disputas políticas, intereses económicos, presencia del crimen organizado y debilidades institucionales. Sin embargo, la falta absoluta de detenidos fortalece la percepción de que la Fiscalía y las autoridades estatales han sido incapaces de romper el círculo de impunidad.
A casi cuatro años del primer asesinato, la deuda con las víctimas y sus familias sigue intacta. Mientras los responsables continúan en libertad, la impunidad permanece como una asignatura pendiente para el gobierno estatal y la Fiscalía oaxaqueña, cuya falta de resultados amenaza con profundizar la crisis de gobernabilidad y seguridad en la entidad.
