Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal por presuntos vínculos con cárteles
El periódico Los Ángeles Times reveló que las autoridades de Estados Unidos investigan a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas. Ambos mandatarios, pertenecientes al partido oficialista Morena, son señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, según fuentes familiarizadas con los casos penales.
Como parte de estas indagatorias en curso, el gobierno estadounidense revocó las visas de ambos funcionarios de alto nivel. En el caso específico de Alfonso Durazo, la cancelación de su documento ocurrió el año pasado, en el marco de una investigación formal relacionada con rutas de tráfico de drogas hacia Norteamérica.
A pesar de no contar con una visa vigente, Durazo ha logrado ingresar a territorio estadounidense recientemente. El mandatario sonorense ha utilizado un permiso especial denominado «Significant Public Benefit Parole», un mecanismo legal que las autoridades del país vecino usualmente reservan para testigos cooperantes o por razones de estricto carácter humanitario.
Por su parte, la pesquisa penal en contra del tamaulipeco Américo Villarreal está estrechamente vinculada al huachicol. Este lucrativo negocio de tráfico ilegal y piratería de combustible es controlado por poderosos grupos criminales en la frontera, lo que atrajo la atención de las agencias de seguridad en Estados Unidos.
Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia de la administración de Donald Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con mafias. Aunque existen reportes previos que incluyen a gobernadores de diversos partidos políticos, este informe del rotativo californiano se centra exclusivamente en los dos mandatarios de la llamada Cuarta Transformación.
Ante la publicación, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado estas medidas como una clara intromisión política extranjera. La administración federal argumenta que estos señalamientos buscan interferir directamente, especialmente en vísperas de los procesos electorales en México, mientras que los equipos de los gobernadores niegan rotundamente las acusaciones.
El reportaje aclara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado públicamente cargos formales. Hasta el momento, el caso se mantiene bajo reserva institucional, basándose únicamente en fuentes anónimas, la existencia de investigaciones abiertas y la confirmación de las visas canceladas a los políticos.
