La CIDH urge a México localizar al ingeniero oaxaqueño Pablo Osorio tras masivo secuestro en Sinaloa

La CIDH urge a México localizar al ingeniero oaxaqueño Pablo Osorio tras masivo secuestro en Sinaloa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado mexicano la búsqueda inmediata del ingeniero Pablo Osorio Sánchez, desaparecido en Sinaloa. Mediante una resolución urgente, el organismo internacional advirtió que la vida e integridad del joven profesional se encuentran en un riesgo inminente de sufrir un daño totalmente irreparable.

Bajo la Resolución 41/2026, aprobada recientemente, la CIDH demandó formalmente redoblar los esfuerzos institucionales para la localización del civil. La resolución internacional enfatiza la necesidad de implementar estrategias efectivas, obligando a las autoridades a presentar un plan de búsqueda con resultados medibles y un cronograma de trabajo definido.

Osorio Sánchez, de veintiséis años y originario de Tlaxiaco, Oaxaca, se desempeñaba como supervisor de túneles en el municipio de La Concordia. El profesionista se encontraba laborando en el estado de Sinaloa cuando ocurrió el trágico incidente que motivó la intervención del organismo defensor de los derechos humanos.

El joven desapareció la mañana del veintitrés de enero de dos mil veintiséis, mientras mantenía una llamada telefónica cerca de su domicilio actual. Su pareja sentimental escuchó voces masculinas extrañas y la frase «lo podemos arreglar», pronunciada por el ingeniero, justo antes de que la comunicación se cortara abruptamente.

Según el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, el rapto del supervisor no fue un hecho aislado en la región sinaloense. De forma simultánea, un comando armado privó de la libertad a otras diez personas, en su mayoría ingenieros y profesionales que se hospedaban en la zona.

Los trabajadores afectados pertenecían a la empresa canadiense Vizsla Silver y esperaban el transporte corporativo rumbo a sus labores cotidianas en el sector minero. Sus familiares relataron que el grupo delictivo interceptó a los empleados de manera violenta, llevándoselos con rumbo desconocido sin dejar pistas sobre su paradero.

Semanas después del múltiple secuestro, las autoridades locales reportaron el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, Sinaloa. En dicho sitio criminal se lograron identificar los cuerpos sin vida de al menos siete de los profesionales mineros que habían sido reportados como desaparecidos previamente.

A pesar del trágico hallazgo y de recolectar muestras genéticas de los familiares de Pablo, la defensa legal denunció una grave omisión institucional. Hasta la fecha actual, la fiscalía no ha realizado la confrontación de ADN necesaria, sumando preocupantes inconsistencias y actos de revictimización durante todo el proceso de investigación.

Por su parte, el gobierno mexicano defendió su postura argumentando que las corporaciones federales actúan bajo estrictos estándares internacionales de exhaustividad inmediata. Las autoridades confirmaron que la Fiscalía General de la República atrajo el caso criminal, instalando mesas técnicas interinstitucionales para brindar asistencia integral a los familiares afectados.

No obstante, la CIDH determinó que las diligencias gubernamentales han sido insuficientes para establecer el paradero real del ingeniero civil oaxaqueño. Debido a esto, el tribunal internacional instó firmemente a México a entregar resultados rápidos sobre las confrontas genéticas pendientes y reportar los avances periódicamente ante este organismo.

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