FGR busca procesar a Rubén Rocha por crimen de Melesio Cuén para evitar extradición a EE.UU.
La Fiscalía General de la República ha reactivado las investigaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se presume que la institución busca procesarlo formalmente por su presunta participación en el asesinato de su adversario, Héctor Melesio Cuén. Esta acción judicial intentaría frenar una inminente extradición hacia Estados Unidos.
El plan estratégico del gobierno federal consistiría en asegurar una sentencia en territorio mexicano para el mandatario estatal. Al ser procesado localmente, Rocha Moya podría apelar a su avanzada edad para obtener el beneficio de prisión domiciliaria. De este modo, evitaría enfrentar las cortes de Nueva York por nexos criminales.
Las indagatorias señalan que el homicidio de Cuén Ojeda ocurrió en el mismo inmueble donde secuestraron al capo Ismael Zambada. Fuentes federales sostienen que el exrector fue ultimado por sicarios de «Los Chapitos» bajo un acuerdo político. La FGR detectó graves inconsistencias en los peritajes iniciales realizados por la fiscalía estatal.
La acusación de la DEA sostiene que Rocha Moya alcanzó el poder en 2021 gracias al apoyo operativo del Cártel de Sinaloa. El gobernador habría pactado con los hijos de Joaquín Guzmán para garantizar impunidad en el estado. A cambio, los criminales financiaron y operaron la estructura electoral que lo favoreció.
La carta difundida por «El Mayo» Zambada confirmó que el día de su captura asistiría a una reunión política. En dicho encuentro participarían el gobernador Rocha y Melesio Cuén para dirimir disputas por el control universitario. Sin embargo, la reunión resultó ser una trampa mortal diseñada por la facción de Guzmán López.
Testimonios recabados por autoridades estadounidenses indican que Rocha Moya prometió colocar a funcionarios afines al narcotráfico en puestos clave. Estas reuniones, protegidas por hombres armados con ametralladoras, sellaron una alianza que ahora es investigada. La presión internacional obliga a la FGR a actuar rápidamente contra el gobernador antes de perderlo.
El Ministerio Público Federal detectó que el video del supuesto asalto en la gasolinera carece de veracidad técnica. Los empleados del establecimiento negaron haber escuchado las detonaciones reportadas originalmente por las autoridades sinaloenses. El cuerpo del exrector presentaba signos de tortura y hematomas que no coinciden con la versión del robo.
Estados Unidos solicitó la detención provisional del gobernador tras acreditar sobornos millonarios pagados por los líderes de «Los Chapitos». La fiscalía de Manhattan posee pruebas de la lealtad absoluta de Rocha hacia los Guzmán Salazar. Ante la gravedad del caso, el gobierno mexicano busca tomar la iniciativa legal para protegerlo.
Nueve funcionarios sinaloenses también están bajo la lupa de la justicia norteamericana por colaborar con el crimen organizado. Hasta ahora, ninguno ha sido citado a declarar formalmente, lo que sugiere un manejo político de los tiempos procesales. La reactivación de la carpeta por homicidio es el primer paso del blindaje.
De concretarse el procesamiento por el asesinato de Cuén, Rocha Moya enfrentaría la justicia en condiciones sumamente privilegiadas. El arraigo domiciliario le permitiría cumplir su condena fuera de una prisión federal de máxima seguridad. Mientras tanto, la FGR espera la información complementaria solicitada al gobierno de los Estados Unidos.
