Oaxaca: segundo estado con más activistas en riesgo; suman 33 asesinatos desde 2023, reporta Educa
Oaxaca ocupa el segundo lugar nacional en adscritos al Mecanismo de Protección federal. Desde diciembre de 2022, el inicio del gobierno de Salomón Jara, han sido asesinados 33 activistas. Aunque la administración estatal cuestiona estas cifras, la organización Educa sostiene que la violencia contra defensores del territorio es una realidad.
Víctor Hugo López, de la Red TDT, califica la situación como sumamente preocupante debido a los ataques constantes. Pese a que el gobierno intenta presentar la alta cifra de beneficiarios como un logro, López argumenta que esto solo refleja el clima de inseguridad y la falta de atención oficial.
La entidad lidera específicamente la lista de personas defensoras protegidas, sumando 161 beneficiarios directos bajo este esquema. Este dato coloca a Oaxaca solo por debajo de la Ciudad de México en términos generales. Sin embargo, el alto número de registros evidencia una vulnerabilidad estructural que las autoridades no resuelven.
Para la Red TDT, la gestión estatal actual mantiene una postura reactiva y defensiva ante la crisis. En lugar de ofrecer soluciones integrales, las autoridades estatales y federales son señaladas por su inacción. El activismo en Oaxaca se desarrolla bajo una amenaza latente que limita el libre ejercicio de derechos.
Un ejemplo crítico fue el allanamiento a las oficinas del Comité Gobixha en mayo de 2024, sin detenidos. Pese a la existencia de evidencias claras sobre los perpetradores, la impunidad prevalece. Casos similares afectan a la Unión de Comunidades Indígenas del Istmo, cuyos líderes enfrentan constantes amenazas y acoso.
Elizabeth Lara, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, reconoce la gravedad regional. Subraya que el Estado tiene la obligación ineludible de garantizar condiciones seguras para el activismo civil. Sin libertad ni seguridad, la labor ambiental y social queda paralizada por el miedo y violencia.
El Mecanismo de Protección detalla que 194 personas cuentan con medidas de seguridad actualmente en todo Oaxaca. De este grupo, 86 son mujeres y 108 son hombres; 161 protegen derechos humanos y 33 son periodistas. No existe una región específica de ataque, pues la violencia se ha dispersado geográficamente.
La organización Educa presentó una lista detallada con los nombres de las 33 víctimas para visibilizar la tragedia. Durante el Foro en Defensa del Territorio, se rindió homenaje a quienes perdieron la vida. Este registro busca contradecir la narrativa oficial que minimiza el impacto letal contra los luchadores sociales.
Las estadísticas muestran una escalada violenta: un homicidio en 2022, trece en 2023 y trece más en 2024. Al iniciar 2025, ya se contabilizan seis asesinatos adicionales, sumando el total denunciado por la sociedad civil. Nombres como Ana García y Sandra Domínguez figuran en esta trágica cronología de impunidad estatal.
Los crímenes recientes, como los de Rigoberto Martínez y las hermanas Ortiz García, refuerzan el clima de zozobra. Activistas de diversas comunidades indígenas siguen siendo el blanco principal de grupos delictivos. Mientras no existan detenciones ni justicia real, Oaxaca seguirá encabezando las listas de peligro para la labor humanitaria.
