Fiscalía de Nueva York acusa que Cártel de Sinaloa operó elección de Rocha Moya y controla su administración
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa que la elección de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa en 2021 fue operada por el Cártel de Sinaloa. El documento judicial S9 23 Cr. 180 sostiene que la administración estatal quedó al servicio de los intereses criminales.
Según la acusación, la facción de “Los Chapitos” brindó respaldo estratégico y violento para garantizar el triunfo de Rocha Moya en junio de 2021. La Fiscalía afirma que el apoyo incluyó robo de urnas, intimidación y acuerdos de impunidad a cambio de protección estatal.
El texto detalla que líderes de “Los Chapitos” ordenaron a sus miembros robar papeletas con votos de opositores. Esta maniobra, según fiscales estadounidenses, buscaba alterar resultados y asegurar la victoria del actual mandatario estatal, consolidando la alianza con el grupo delictivo.
La acusación agrega que el cártel ejecutó secuestros e intimidaciones contra candidatos de oposición. El objetivo era despejar el camino electoral a Rocha Moya. Estas acciones violentas habrían ocurrido antes y durante el proceso comicial de 2021 en Sinaloa.
Enrique Díaz Vega, entonces colaborador y después Secretario de Finanzas estatal, presuntamente entregó al cártel nombres y direcciones de rivales políticos. La información facilitó amenazas directas. Así, la Fiscalía vincula a funcionarios cercanos con la operación electoral ilegal.
En la imputación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York describe la cooperación y beneficio mutuo que condicionaron la llegada de Rocha Moya al poder. La Fiscalía sostiene que existió un pacto: apoyo electoral a cambio de permitir que “Los Chapitos” operaran con impunidad en Sinaloa.
La acusación indica que el gobernador cedió control al cártel para colocar funcionarios corruptos en puestos estratégicos. Estas designaciones en el gobierno estatal y en corporaciones de seguridad buscarían proteger cargamentos de droga y garantizar operaciones delictivas sin intervención gubernamental.
Se documentan múltiples reuniones entre Rocha Moya y líderes del cártel, custodiadas por sicarios con armas largas. En esos encuentros se habría acordado un esquema de protección gubernamental. La Fiscalía afirma que el cargo público se puso al servicio del narcotráfico.
La Fiscalía es explícita: el Cártel de Sinaloa tuvo facultades de designación dentro de la administración de Rocha Moya. Tras ganar con apoyo criminal, permitió a líderes del grupo colocar funcionarios afines en gobierno estatal, local y corporaciones de seguridad pública.
El objetivo de influir en nombramientos era garantizar impunidad desde el aparato gubernamental. Funcionarios alineados con “Los Chapitos” protegerían el tráfico de drogas. La estructura del Estado, según EE.UU., fue infiltrada por personas seleccionadas por la organización criminal.
Colaboradores como Enrique Inzunza Cázarez y Enrique Díaz Vega ayudaron a colocar a dichos funcionarios corruptos. Díaz Vega actuó como enlace directo: transmitía comunicaciones entre “Los Chapitos” y el gobernador sobre apoyo mutuo y protección a las actividades ilícitas del cártel.
La acusación detalla designaciones en la Policía Estatal de Sinaloa y la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal. Mandos “en la nómina” del cártel tenían tareas específicas: liberar a miembros detenidos, escoltar cargamentos y ejecutar acciones contra enemigos del grupo delictivo.
En la Acusación de Reemplazo S9 23 Cr. 180 se imputa a Rocha Moya y nueve funcionarios por asociación delictuosa para importar narcóticos. La Fiscalía alega que abusaron de cargos públicos para facilitar fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Otros acusados incluyen a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, señalado por alertar al cártel sobre redadas. También a Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal, por filtrar operativos. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, es vinculado a la red.
La Fiscalía busca penas de prisión y decomiso de bienes obtenidos ilícitamente. Sostiene que esta red permitió al Cártel de Sinaloa operar con impunidad, usar fuerzas policiales para proteger cargamentos y acceder a inteligencia militar. El gobierno estatal, acusa, sirve al cártel.
