FGR revisa extradición de Rocha Moya y Enrique Inzunza, entre otros, pero la condiciona a pruebas contundentes
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que revisa la petición de extradición enviada por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios o exfuncionarios del estado. La solicitud fue turnada por la Secretaría de Relaciones Exteriores tras su recepción el 28 de abril.
A través de su vocero, Ulises Lara López, la FGR precisó que la documentación estadounidense “no se acompaña de elementos probatorios suficientes” ni aporta evidencias contundentes respecto a los hechos narrados, relacionados con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
“Es necesario precisar que dicha solicitud no cuenta con elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes”, declaró Lara López. La institución federal iniciará una investigación propia para allegarse de información y evaluar la viabilidad del caso.
La FGR advirtió que solo concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes conforme a las leyes mexicanas y al Tratado de Extradición bilateral. “Solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes”, enfatizó.
Para solicitar órdenes de aprehensión ante un juez, la Fiscalía requiere datos de prueba que infieran la posible comisión de delitos. Hasta el momento, la petición de Estados Unidos no cumple con ese estándar según la evaluación inicial.
Ulises Lara indicó que la FGR analizará detalladamente la documentación para establecer si existen elementos que permitan proceder. En caso de que se requiera, se abrirá carpeta de investigación conforme al sistema jurídico nacional.
La Fiscalía también criticó la divulgación pública de los nombres y detalles de la acusación, ya que la propia solicitud estadounidense pedía mantener la confidencialidad. México enviará una nota de extrañamiento por esta irregularidad.
En el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y de un senador, quienes cuentan con fuero constitucional, cualquier acción penal requeriría primero un juicio de procedencia o desafuero ante las instancias correspondientes.
La FGR subrayó que respetará estrictamente todos los procedimientos establecidos en la Ley de Extradición Internacional y la normatividad vigente. No se ha girado ninguna orden de detención ni se ha concedido la extradición hasta ahora.
El caso continúa en fase de revisión. La decisión final sobre proceder o no con la extradición dependerá de que Estados Unidos complemente la solicitud con pruebas fehacientes que satisfagan los estándares de la justicia mexicana.
