‘No va a pasar nada’, responde Rocha Moya ante acusaciones de EUUU por vínculos con narcotráfico
En Culiacán, el gobernador Rubén Rocha Moya respondió este martes a reporteros con una frase breve a las versiones sobre una investigación estadounidense en su contra: “No va a pasar nada”. La expresión, captada en un clip de Radio Fórmula, se volvió viral tras ser difundida.
En el video, de apenas segundos, Rocha Moya aparece sereno, sin ampliar explicaciones. Mira a cámara, sonríe levemente y repite la frase como si buscara cerrar el tema. No ofrece datos, no presenta documentos y evita confrontar directamente a las autoridades estadounidenses que lo señalan.
La publicación resume el momento: “‘No va a pasar nada’; las palabras del gobernador tras ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el narco”. El tono del mandatario contrasta con la gravedad de las versiones que circulan desde Washington sobre políticos sinaloenses.
Horas después, en mensajes difundidos en sus redes, el mandatario amplió su postura. Rechazó “categóricamente” las acusaciones, aseguró que carecen de “veracidad y fundamento” y sostuvo que se trata de un ataque político, no de un proceso judicial con pruebas sólidas en su contra.
Rocha Moya enmarcó el señalamiento como un golpe contra el proyecto que representa. Dijo que el ataque no es solo contra él, sino “al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, sin mencionar nombres propios.
En esa defensa del movimiento morenista no aparece una mención explícita a la presidenta. Tampoco hay un respaldo personal directo ni una referencia a una conversación con ella sobre el caso específico difundido esta semana.
Hasta la tarde del 29 de abril, Sheinbaum no ha emitido un posicionamiento público sobre las nuevas versiones. En ocasiones anteriores, pidió no especular y exigió pruebas. Hoy, según reportes de prensa, se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pero sin comunicado oficial.
El contexto es tenso. El viernes pasado, el embajador estadounidense Ronald Johnson visitó Sinaloa para inaugurar el complejo Pacífico Mexinol y advirtió que el T-MEC exige combatir sobornos. Cerró con una frase interpretada como amenaza: “Es probable que pronto veamos acciones significativas. Estén atentos”.
El domingo, Los Angeles Times reveló, según el periodista Steve Fisher, que Estados Unidos revocó en 2025 la visa de Rocha Moya. La medida no se había hecho pública y se inscribe en una campaña más amplia contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados a corrupción.
El diario El País retomó esa información y añadió que Washington prepararía no solo cancelaciones de visa, sino “denuncias penales ante tribunales estadounidenses, incluyendo a miembros de Morena”. La ofensiva coincidiría con la renegociación del TMEC prevista para finales de mayo.
En ese marco, en redes sociales circula desde hoy una lista no confirmada oficialmente que atribuye a la Fiscalía de Nueva York una acusación contra diez funcionarios actuales y exfuncionarios de Sinaloa por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas.
Según esa versión, que hasta ahora no aparece en comunicados del Departamento de Justicia, los señalados enfrentarían tres cargos base: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y de dispositivos destructivos, con pena máxima de cadena perpetua y mínima obligatoria de 40 años.
La lista incluye, además de Rocha Moya, de 76 años, al senador en funciones Enrique Inzunza Cazarez, de 53; al alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendivil, de 41; al subfiscal Dámaso Castro Zaavedra, señalado de recibir 11 mil dólares mensuales del cártel, y a cinco exmandos policiales y de finanzas estatales.
Entre los exfuncionarios mencionados están Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, exjefes de la Policía de Investigación, y José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”.
El caso más grave atribuido en esa versión es el de Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, ex comandante municipal de 35 años. Se le imputarían, además de los tres cargos base, secuestro con resultado de muerte por la presunta tortura y asesinato en octubre de 2023 de una fuente de la DEA y un familiar.
Rocha Moya insiste en que todo es ruido. “No va a pasar nada”, repite. Mientras tanto, la falta de confirmación oficial en Estados Unidos y el silencio de Palacio Nacional dejan abierta la pregunta central: si habrá indictments reales o solo presión política en plena negociación comercial.
