México recibe pedidos de extradición de EE.UU. contra Rocha y sinaloenses; SRE los turna a FGR
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó este miércoles que recibió las solicitudes formales de extradición enviadas por Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y varios funcionarios sinaloenses acusados de narcotráfico en Nueva York, según comunicado difundido oficialmente.
Conforme a la Ley de Extradición Internacional, la Cancillería turnó inmediatamente los expedientes a la Fiscalía General de la República, que deberá analizar si procede la detención provisional de los señalados bajo el tratado bilateral vigente desde 1978 entre México y Estados Unidos bajo estándares probatorios de la legislación nacional.
La SRE advirtió que, tras la revisión jurídica de los documentos entregados por la Embajada estadounidense, no se identificaron elementos de prueba suficientes para acreditar responsabilidad penal de los requeridos, por lo que corresponde exclusivamente a la FGR determinar la viabilidad de las solicitudes presentadas bajo el marco constitucional mexicano.
La Cancillería subrayó que los tratados vigentes imponen confidencialidad estricta a estos procesos, por lo que enviará un extrañamiento diplomático a Washington tras la difusión pública del caso por parte del embajador Ron Johnson, quien este miércoles confirmó los cargos en Nueva York en comunicado que rompió el sigilo bilateral acostumbrado.
El trasfondo es la acusación presentada el lunes por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York menciona a Rocha y a otros colaboradores sinaloenses por conspiración narcotráfico, incluyendo al senador Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán y a exjefes policiales estatales según documentos que vinculan al grupo con el Cártel Sinaloa.
La Embajada estadounidense emitió un pronunciamiento inusual en la Ciudad de México, tomando nota pública de los cargos y prometiendo cooperación contra la corrupción, mensaje interpretado como presión directa sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum a un mes de elecciones intermedias en medio de crecientes tensiones bilaterales.
La ofensiva judicial se enmarca en la campaña anticorrupción impulsada por la administración Trump, que desde 2025 revocó visas a gobernadores de Morena y advirtió que presentaría acusaciones federales contra políticos mexicanos vinculados al crimen organizado transnacional utilizando al Departamento de Justicia como instrumento de presión diplomática y comercial.
En ese contexto, el diario Los Angeles Times reveló que Rocha perdió su visa estadounidense en 2025, al igual que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ambos señalados por Washington como presuntos facilitadores de redes de corrupción en sus estados según reportes que alimentaron la actual investigación.
Ahora la FGR deberá decidir, sin presiones externas, si existen pruebas suficientes para ordenar detenciones provisionales, un paso políticamente delicado que podría fracturar la relación con Estados Unidos o, de rechazarse, ser usado por la oposición contra Morena en plena contienda electoral donde la seguridad es tema central del debate.
Analistas independientes advierten que el extrañamiento mexicano busca ganar tiempo y preservar soberanía judicial, mientras Washington apuesta a exhibir resultados contra cárteles antes de noviembre, dejando a la presidenta Sheinbaum frente al dilema de cooperar o confrontar a su principal socio comercial en un momento crítico para el T-MEC y la inversión en el país.
