Un año después, la Fiscalía de Oaxaca no ha capturado a los asesinos de la activista Sandra Domínguez
A un año del hallazgo de sus restos en fosas clandestinas en Veracruz, la Fiscalía del Estado de Oaxaca (FGEO) no ha capturado ni procesado a los autores materiales e intelectuales del feminicidio de la abogada indígena ayuujk Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández.
Sandra Domínguez, defensora de derechos de mujeres indígenas originaria de la Sierra Mixe, desapareció junto con su esposo el 4 de octubre de 2024 en San Juan Cotzocón, Oaxaca. Sus cuerpos fueron localizados entre el 24 y 28 de abril de 2025 en un predio en Santiago Sochiapan, Veracruz, tras casi siete meses de búsqueda.
La FGEO confirmó públicamente el hallazgo días después de que los restos fueron identificados. El caso conmocionó a colectivos feministas, organizaciones indígenas y medios de comunicación locales y nacionales, que exigieron desde entonces justicia y una investigación exhaustiva con perspectiva de género.
Semanas antes de su desaparición, la activista había denunciado redes de funcionarios públicos que, a través de un grupo de WhatsApp llamado “Sierra XXX”, compartían imágenes y mensajes misóginos contra mujeres indígenas. Uno de los protagonistas de este chat, Donato Vargas Jiménez, no ha sido investigado por la Fiscalía. Familiares y activistas vinculan ese señalamiento con posibles represalias y colusión con el crimen organizado.
En las primeras etapas de la investigación, la Fiscalía reportó algunas detenciones menores: una mujer de la Policía Vía estatal presuntamente implicada en la desaparición, y un hombre en Veracruz, que portaba el teléfono celular de Sandra. Un presunto responsable identificado como Artemio García Torres murió durante un enfrentamiento en el predio donde hallaron los cuerpos.
Sin embargo, a un año del hallazgo, no existe confirmación oficial de capturas, procesamientos ni sentencias contra los responsables del doble crimen. Colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos denuncian un “carpetazo” del caso. Es decir, el estancamiento deliberado o archivo tácito del expediente por parte de las autoridades estatales.
La hermana de Sandra, Kisha Domínguez, y su madre, han reiterado que el único homenaje verdadero a la activista es esclarecer el caso y llevar a los culpables ante la justicia. La diputada federal por el PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, ha señalado posibles omisiones en la investigación y una presunta protección a un colaborador del gobierno de Oaxaca.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina de la ONU-DH en México han emitido alertas sobre el caso, exigiendo una investigación independiente, exhaustiva y con perspectiva de género e intercultural. Sus llamados, hasta ahora, no han tenido respuesta concreta de las autoridades oaxaqueñas.
El caso de Sandra Domínguez se inscribe en un patrón más amplio: Oaxaca registra decenas de homicidios de defensoras y defensores de derechos humanos en años recientes. Organizaciones como Cimacnoticias y SEM México advierten que la impunidad en este caso opera como un mensaje de intimidación hacia quienes defienden derechos en comunidades indígenas.
A un año del hallazgo de sus restos, el expediente permanece abierto pero paralizado. Para la familia, los colectivos y la sociedad civil, la ausencia de justicia confirma lo que ya conocen: en Oaxaca, matar a una defensora de derechos humanos sigue sin tener consecuencias.
