Secretaría de Honestidad de #Oaxaca reporta 75 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y observaciones por mil 200 millones de pesos
Leticia Reyes López, titular de Honestidad y Transparencia del Gobierno de Oaxaca, presentó un balance autocrítico sobre la fiscalización en la gestión del gobernador Salomón Jara. Informó la presentación de 75 denuncias ante la fiscalía especializada por irregularidades detectadas. Hasta el momento, el monto de recursos observados por el ejercicio indebido supera los mil 200 millones.
Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio de Gobierno, detalló 20 auditorías aplicadas al Decreto 809, fiscalizando dos mil millones de pesos. El decreto referido trata la autorización otorgada por el Congreso local al Poder Ejecutivo para contratar deuda pública por un monto de hasta 3 mil 500 millones de pesos para construcción de obras.
Como la Auditoría Superior del Estado ya había auditado el ejercicio de mil 500 millones de pesos, la Secretaría de Honestidad de enfocó en los 2 mil millones de pesos restantes. Los resultados revelaron que ocho dependencias, incluyendo Infraestructura, Finanzas y Bienestar, incumplieron la normativa vigente. Estas omisiones administrativas forzaron el inicio de procesos legales ante las autoridades de combate a la corrupción.
Un hallazgo alarmante fue el ISR retenido y no enterado, que asciende a dos mil 662 millones de pesos. Esta situación involucró a la Secretaría de Salud y al DIF estatal, donde auditorías de 2022 sumaron observaciones por 86 millones adicionales. Las instancias mencionadas no lograron acreditar la aplicación correcta.
La funcionaria precisó que las denuncias también abarcan el periodo 2023-2025 contra diversas entidades públicas. El paquete legal incluye dos querellas por adeudos en el ISSSTE y el Hospital de la Niñez. Asimismo, se procedió contra nueve contratistas por abandonar obras o presentar información falsa durante procesos de licitación pública.
Actualmente, instancias como Cobao, Semovi y CECyTE enfrentan procesos judicializados, mientras otras permanecen bajo investigación. El Tribunal de Justicia Administrativa ha recibido 32 expedientes entre 2023 y 2026. Estas acciones buscan castigar faltas graves cometidas por exservidores de dependencias como ICAPET, Salud, Notarías, IFREO, entre otras instituciones del estado.
El balance reporta 19 exservidores públicos sancionados con inhabilitaciones que suman 200 años en total. Las multas económicas alcanzan los 98 millones de pesos, sumado a la anulación de un sindicato ilegal. Aunque existen resoluciones firmes, los implicados mantienen su derecho a impugnar estas sentencias en primera instancia legal.
