Familia de Pablo Osorio Sánchez rechaza identificación de restos: la FGR no ha logrado confirmar genéticamente su paradero
La madre de Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil desaparecido en Sinaloa, rechazó identificar un cuerpo que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó como el de su hijo. Las inconsistencias físicas y la ausencia de pruebas genéticas mantienen el caso en un laberinto institucional que cumple tres meses sin resolverse.
El 22 de abril de 2026, Socorro Osorio Sánchez y abogados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) acudieron al Centro Federal Pericial Forense en Ciudad de México. La FGR los convocó para identificar restos mediante fotografías. La madre señaló de inmediato que los dientes inferiores no coincidían con los de Pablo. Solicitó suspender la entrega hasta tener certeza absoluta.
Los restos presentados estaban identificados con la letra “C” en la fosa 2 de El Verde, La Concordia, Sinaloa, hallados junto a otros cuerpos en circunstancias similares. La perito en antropología forense y los asesores legales de la familia pidieron tiempo para consultar expertos independientes. Cedhapi fue categórico: sin verificación científica concluyente, no aceptarían los restos.
Pablo Osorio, de 26 años y originario de Tlaxiaco, Oaxaca, desapareció el 23 de enero de 2026 en La Concordia mientras aguardaba transporte hacia su área de trabajo. Ese día también desaparecieron otras 13 personas vinculadas a la empresa CICAR S.A. de C.V. y a la minera Vizsla Silver. La FGR atrajo el caso en marzo, pero pasó más de un mes sin ordenar la confronta genética.
Desde febrero, la familia denunció que las muestras de ADN tomadas en Tlaxiaco no habían sido trasladadas correctamente a Sinaloa para su análisis. La negligencia en la cadena de custodia de las pruebas genéticas frenó cualquier posibilidad de identificación científica temprana. El burocratismo institucional convirtió un procedimiento técnico en un obstáculo humanitario de meses.
El fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, reconoció en febrero que la fiscalía de Sinaloa no había compartido información sobre avances de la investigación, pese a solicitudes formales. La opacidad entre dependencias federales y estatales amplió el dolor de una familia que busca a su hijo sin apoyo institucional real, financiando la búsqueda con aportaciones ciudadanas y trabajo voluntario.
La gravedad del caso trascendió fronteras institucionales. El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas emitió la Acción Urgente 2220/2026, exigiendo al Estado mexicano acelerar la búsqueda e identificación. Al 25 de abril de 2026, la familia de Pablo sigue sin reconocer los restos presentados por la FGR y exige peritajes externos independientes antes de cualquier entrega formal.
