POLÍTICA EXPRÉS | Captura del INE por la 4T profundiza riesgos democráticos y erosiona confianza ciudadana
La reciente designación de consejeros electorales ha desatado una tormenta política en México que no puede minimizarse. La percepción de que el poder oficial consolida su influencia sobre el árbitro electoral revive temores históricos. No se trata solo de nombres, sino de la credibilidad institucional que sostiene la frágil democracia mexicana.
Cuando el órgano encargado de garantizar elecciones libres es señalado por parcialidad, el daño trasciende coyunturas. La confianza ciudadana, ya debilitada por años de confrontación política, enfrenta un nuevo golpe. Sin árbitro confiable, cualquier proceso electoral queda bajo sospecha, sin importar su legalidad formal ni sus resultados.
La narrativa del oficialismo insiste en que las designaciones cumplen con la ley, pero la legalidad no siempre equivale a legitimidad. La oposición denuncia un control sistemático que busca inclinar el terreno político. En ese choque de versiones, el ciudadano queda atrapado entre discursos, sin certezas claras sobre la imparcialidad institucional.
Más preocupante aún es la propuesta de impulsar elecciones judiciales en 2028. Aunque presentada como un ejercicio democrático, plantea riesgos estructurales profundos. Someter al Poder Judicial a dinámicas electorales podría politizar la justicia, debilitando su independencia y abriendo la puerta a intereses partidistas en decisiones clave.
El argumento de mayor deliberación pública parece atractivo en teoría, pero en la práctica puede traducirse en saturación informativa y manipulación. La experiencia reciente muestra que los procesos electorales no siempre elevan el debate, sino que lo simplifican, lo polarizan y lo convierten en terreno fértil para la desinformación.
Además, la eliminación de comités técnicos y su sustitución por órganos con influencia política directa genera dudas razonables. Los contrapesos institucionales no son obstáculos, sino garantías. Reducirlos en nombre de la eficiencia puede derivar en concentración de poder, justo lo contrario de lo que una democracia necesita para sostenerse.
El señalamiento de consejeros cercanos al oficialismo alimenta la percepción de captura institucional. Aunque no exista prueba concluyente de subordinación hasta ahora, la cercanía política erosiona la confianza. En democracia, la apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad misma, porque sostiene la credibilidad del sistema.
El riesgo no es inmediato, pero sí acumulativo. Cada decisión que debilita la autonomía institucional construye un precedente. Hoy es el órgano electoral; mañana puede ser cualquier otra institución clave. La erosión democrática rara vez ocurre de golpe; avanza gradualmente, normalizando prácticas que antes habrían sido inaceptables.
También resulta preocupante la descalificación sistemática de las críticas. Reducir el debate a una lucha entre “pueblo” y “oposición” empobrece la discusión pública. La democracia exige pluralidad, no unanimidad. Ignorar las voces disidentes no fortalece al Estado, lo debilita al cerrar espacios de diálogo y vigilancia.
México enfrenta un momento decisivo. La fortaleza de sus instituciones dependerá de su capacidad para resistir presiones políticas, sin importar su origen. La defensa del árbitro electoral no es una causa partidista, sino un principio democrático fundamental. Sin instituciones confiables, cualquier proyecto político pierde legitimidad ante la sociedad.
