Oaxaca: autoridades de Tlahuitoltepec denuncian “campaña de desinformación y racismo” en medios, por abuso contra familia
Las autoridades agrarias y municipales de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, expresaron profunda molestia ante la difusión de imágenes y mensajes en redes sociales, tras encabezar el desalojo de una familia a la que le destruyeron su vivienda. Consideran que estos contenidos “generan desinformación, acoso mediático y discriminación” contra su comunidad mixe.
En un comunicado fechado el 17 de abril, rechazaron enérgicamente calificativos como “salvajes”, “indios” e “ignorantes” dirigidos hacia su pueblo y difundidos en las redes sociales. Afirmaron que tales expresiones “constituyen racismo y violencia institucional” (sic) que vulneran su dignidad humana y cultural.
Exigieron a los medios de comunicación y plataformas digitales “actuar con ética”, al tiempo que pidieron a organismos de derechos humanos intervenir para frenar lo que describen como estigmatización. Advirtieron que “esto pone en riesgo la paz social de la comunidad”.
Condenaron el uso de videos y fotografías de comuneros sin consentimiento —que en el ámbito legal son pruebas de un hecho—, argumentando que “vulneran su derecho a la privacidad y seguridad”. Demandaron el retiro inmediato de esas imágenes que, según ellas, alimentan narrativas de odio.
Subrayaron que “la libertad de expresión no es una licencia para emitir juicios infundados ni para desacreditar a los pueblos indígenas”. Llamaron a los informadores “a consultar a las autoridades legítimas antes de publicar”.
Las autoridades defendieron su sistema comunal, regido por la Asamblea General y su Estatuto Comunal, como un marco compatible con la Constitución Federal y los derechos humanos. Insistieron en que preserva el patrimonio colectivo frente a intereses particulares.
Sin embargo, el comunicado omite que en México la Constitución Política es la norma suprema que todos los habitantes y autoridades, incluidas las comunales, deben respetar. Esto resulta relevante tras la reciente demolición de una vivienda y la detención de cinco integrantes de una familia — sin juicio, de por medio, ni órdenes de aprehensión— en terrenos comunales, hechos que generaron las críticas difundidas.
