UABJO, fábrica de rectores millonarios: tres funcionarios desviaron 650 mdp sin consecuencias judiciales
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) se ha convertido en una máquina de enriquecimiento para sus rectores, quienes durante tres administraciones consecutivas desviaron más de 650 millones de pesos del presupuesto universitario federal, según documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Eduardo Martínez Helmes, Carlos Bautista Martínez y Cristian Eder Carreño López son los tres rectores señalados por la ASF con observaciones millonarias derivadas de irregularidades en el ejercicio de subsidios federales transferidos a la máxima casa de estudios oaxaqueña entre 2012 y 2026.
La ASF detectó que durante la rectoría de Eduardo Martínez Helmes, entre 2012 y 2016, se registraron irregularidades por 311 millones 746 mil 456 pesos, el mayor desvío documentado individualmente contra las finanzas de la UABJO en su historia reciente.
El mecanismo utilizado por Martínez Helmes para desviar recursos fue la empresa de outsourcing TAXX ANSWERS S.A. de C.V., a través de la cual se subcontrató ilegalmente a aproximadamente 352 personas para funciones que debían ser realizadas directamente por la institución educativa.
Esas maniobras derivaron en denuncias penales por peculado, enriquecimiento ilícito y uso ilícito de atribuciones contra el ex rector y funcionarios de su administración, aunque hasta la fecha ningún proceso ha concluido con una sentencia condenatoria definitiva.
La administración de Eduardo Carlos Bautista Martínez, que gobernó la UABJO entre 2016 y 2020, acumuló diversas observaciones de la ASF en varios ejercicios fiscales: 56.1 millones de pesos en 2016, 156 millones en 2019 y 26.2 millones en 2020, entre las principales irregularidades documentadas.
Las irregularidades del periodo de Bautista Martínez incluyeron recursos no ejercidos conforme a la normativa, inobservancias a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y falta de comprobantes en nómina y servicios personales, según los pliegos de observaciones federales.
El rector en funciones, Cristian Eder Carreño López, no ha escapado al patrón de sus predecesores. La ASF documentó en la Auditoría de Cumplimiento número 1476, correspondiente a la Cuenta Pública 2024, un presunto daño patrimonial por 103 millones 185 mil pesos durante su administración.
La principal observación contra Carreño López, valuada en 101 millones 932 mil pesos, corresponde nuevamente a la subcontratación indebida de personal mediante empresas de outsourcing para funciones administrativas, académicas y financieras que son responsabilidad sustantiva de la propia universidad.
Ese esquema repite casi exactamente el mecanismo empleado por Martínez Helmes una década antes, lo que evidencia que la UABJO mantiene prácticas sistemáticas de desvío presupuestal mediante la tercerización ilegal de personal financiada con subsidios federales.
El universo fiscalizable en la auditoría más reciente ascendió a mil 547 millones de pesos, de los cuales los subsidios federales para organismos descentralizados representaron mil 268 millones. El daño detectado equivale al 6.9 por ciento de la muestra auditada, según el informe oficial de la ASF.
Hasta abril de 2026, solo 718 mil 146 pesos han sido recuperados o reintegrados de los más de 103 millones observados en la administración de Carreño López, mientras el monto principal permanece pendiente de aclaración ante la autoridad fiscalizadora federal.
La ASF no cuenta con facultades para imponer sanciones penales directas; su función es emitir pliegos de observaciones, determinar probables daños a la Hacienda Pública y promover acciones ante la Fiscalía cuando las irregularidades no se aclaran, mecanismo que en el caso de la UABJO no ha derivado en denuncias penales y/o condenas.
Analistas y académicos señalan que la impunidad que rodea a los ex rectores de la UABJO responde a acuerdos políticos entre las autoridades universitarias y los poderes estatales y federales, que han privilegiado la negociación sobre la judicialización efectiva de los casos documentados.
La UABJO, fundada en 1827 y sostenida mayoritariamente con recursos públicos federales y estatales, enfrenta hoy una crisis de credibilidad institucional: mientras sus rectores acumulan fortunas personales documentadas, la calidad académica, la infraestructura y las condiciones laborales del personal universitario se han deteriorado sostenidamente en los últimos quince años.
