
FGR extingue acción penal contra los tres operarios del Tren Interoceánico tras accidente en Nizanda, #Oaxaca
La Fiscalía General de la República (FGR) extinguió la acción penal contra los tres operarios acusados como presuntos responsables del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Nizanda, Oaxaca. La decisión se basó en la reparación integral del daño otorgada a las víctimas mediante acuerdos de justicia alternativa. Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, detalló que 145 personas ya recibieron las compensaciones de ley por parte de la empresa ferroviaria.
El accidente, que involucró dos locomotoras y cuatro vagones con alrededor de 250 pasajeros en la ruta Salina Cruz-Coatzacoalcos, dejó 14 muertos y 109 heridos. Según peritajes, la causa principal fue el exceso de velocidad: el convoy circulaba a 65 km/h en una curva donde el límite era 50 km/h. Las cajas negras “confirmaron la aceleración indebida del maquinista”, afirmación nunca avalada por pares.
Godoy Ramos acreditó delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra el maquinista Felipe de Jesús Díaz Gómez, el conductor Emilio Erasmo Canteros Méndez y el jefe de despacho Ricardo Mendoza Cerón tras integrar cuatro carpetas de investigación. Sin embargo, las víctimas optaron por la justicia alternativa, firmando acuerdos reparatorios con la empresa ferroviaria.
Por el delito de daño en bienes, la empresa otorgó perdón de la parte ofendida. En cuanto a la vía férrea, durmientes, fijaciones y balasto, inspecciones y muestras confirmaron (según la FGR) que “cumplen con las normas técnicas aplicables en el punto exacto del siniestro”. Se descartaron fallas estructurales en locomotoras y vagones, con lo que salvaron el pellejo contratistas y mandos navales.
La FGR descartó delitos de uso ilícito de atribuciones y servicio indebido del servicio público. Esta conclusión se sustentó en información proporcionada por la empresa y el análisis de seis auditorías, incluida la de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre 41 contratos relacionados con la vía, material rodante y mantenimiento. La dependencia consideró que los hallazgos de la ASF en las vías “no fueron relevantes”.
La FGR aseguró que diligencias ministeriales y periciales en ingeniería civil, arquitectura, topografía y seguridad industrial “corroboraron la calidad de los elementos de la vía y el material rodante”, deslindándose a contratistas y supervisores de responsabilidad penal. “Se elaboraron 230 dictámenes periciales en materias como química, medicina forense, genética, mecánica, eléctrica, geología, metalurgia y telecomunicaciones, además de estudios del Instituto de Geofísica de la UNAM”, abundó.
Hasta la fecha, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes han recibido reparación integral del daño. Estos acuerdos, previstos en la Constitución y la ley, permiten a las víctimas obtener compensación de manera más rápida y menos desgastante que un proceso penal prolongado. La empresa aceptó los montos recomendados.
Godoy Ramos presentó un video que resume las acciones realizadas en el caso. La fiscal subrayó que la justicia alternativa ofrece medidas que compensan integralmente las afectaciones, priorizando el interés superior de las víctimas sobre la continuación de la acción penal. Sin embargo, ningún auditor independiente participó en la investigación para la verificación de los criterios oficiales.
La decisión de la FGR generó reacciones mixtas. Mientras las autoridades destacan la reparación inmediata y el cumplimiento normativo, legisladores de oposición han cuestionado la falta de peritajes externos independientes. No obstante, el mecanismo constitucional permitió cerrar el conflicto de forma expedita para las familias afectadas.
Con esta extinción de la acción penal, la FGR cierra un capítulo doloroso del Corredor Interoceánico. El accidente en Nizanda expuso riesgos en la operación del tren de pasajeros, pero también evidenció la vía alternativa de resolución que prioriza la indemnización sobre el castigo penal, siempre que las víctimas lo acepten.
También, se evitó una injusticia contra los tres operarios del Tren del Istmo, víctimas de las circunstancias y de la corrupción de contratistas y mandos navales a cargo de uno de los proyectos insignias del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

