SESNSP omite en estadísticas casi el sesenta por ciento de los asesinatos ocurridos en el estado de #Oaxaca
El Gabinete de Seguridad Nacional y el SESNSP reportaron únicamente cuatro homicidios dolosos en Oaxaca este viernes 27 de marzo. Sin embargo, registros de corporaciones locales y medios de comunicación confirmaron al menos nueve ejecuciones violentas antes de la medianoche, evidenciando una grave discrepancia en las cifras oficiales federales.
Esta diferencia de cinco víctimas «desaparecidas» en la estadística diaria nacional pone en duda la veracidad de los informes oficiales. Mientras el gobierno federal presume una tendencia a la baja en la criminalidad, la realidad en las regiones oaxaqueñas muestra un panorama de violencia desatada que no se contabiliza.
Los hechos más sangrientos ocurrieron en el Istmo de Tehuantepec. En la localidad de La Venta, Juchitán, una pareja y su hija de seis años fueron acribillados con más de 30 disparos mientras viajaban en un vehículo. Este multihomicidio familiar conmovió a la comunidad por la saña empleada.
Simultáneamente, en Matías Romero, un comando armado irrumpió en un domicilio habilitado como cantina en la colonia Las Flores. El ataque dejó cuatro hombres muertos y mensajes atribuidos al crimen organizado. Estas ejecuciones se suman a los 36 homicidios de alto impacto registrados en la región este primer bimestre.
En la Sierra Sur, el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz registró dos ejecuciones adicionales. Los cuerpos de dos hombres con huellas de tortura fueron localizados en distintos puntos de la ciudad. La zona enfrenta una crisis de seguridad persistente, con antecedentes de asesinatos similares en meses previos de 2026.
La discrepancia entre los nueve casos reales y los cuatro reportados por la Federación sugiere fallas en la cadena de información. Expertos de organizaciones como Causa en Común advierten que estas anomalías pueden derivar de retrasos administrativos en las fiscalías locales o de una reclasificación intencional de los delitos.
Analistas plantean que la Fiscalía del Estado de Oaxaca podría no haber actualizado oportunamente las carpetas de investigación. Esta omisión burocrática genera un subregistro que permite al gobierno federal sostener una narrativa de pacificación, especialmente en un periodo político sensible donde se evalúa la Estrategia Nacional de Seguridad.
Otra hipótesis sugiere un posible «maquillaje» estadístico para mostrar una reducción del 44 por ciento en el promedio diario de homicidios. Al actuar el SESNSP como un receptor pasivo de datos, las cifras dependen totalmente de la voluntad y eficiencia de los estados, sin auditorías exhaustivas en tiempo real.
El contraste es alarmante frente a las promesas de seguridad del gobierno estatal, que ha reiterado su apoyo al Istmo. La opacidad en los números oficiales erosiona la confianza ciudadana y minimiza el drama de las familias que, además de enfrentar el duelo, ahora lidian con la invisibilidad.
Mientras las estadísticas oficiales cierran el día con números moderados, el luto se extiende en las comunidades de Oaxaca. La pregunta sobre el paradero administrativo de las víctimas restantes permanece sin respuesta, evidenciando que la crisis de violencia en México es tan profunda como la brecha en sus datos.
