POLÍTICA EXPRÉS | * Ley de Expropiación en Oaxaca: modernización legal con riesgo de abuso de poder
La aprobación de la nueva Ley de Expropiación del Estado de Oaxaca, impulsada por el gobernador Salomón Jara Cruz, no puede analizarse únicamente como una actualización técnica de un marco jurídico obsoleto. Detrás del discurso de modernización, se asoman riesgos reales que podrían impactar gravemente la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Es cierto que sustituir una legislación vigente desde 1950 era necesario. Oaxaca enfrenta rezagos estructurales en infraestructura, salud y educación que requieren herramientas ágiles para resolverse. Sin embargo, la rapidez nunca debe ser sinónimo de discrecionalidad, y ahí es donde esta reforma comienza a generar inquietudes legítimas.
Uno de los puntos más delicados es el plazo de hasta cinco años para pagar la indemnización. En términos prácticos, esto implica que el Estado puede despojar a un ciudadano de su propiedad y diferir el pago durante un periodo excesivo. Para pequeños propietarios, esto no es un trámite, sino un golpe directo a su estabilidad económica.
Aún más preocupante es la figura de ocupación inmediata. Bajo el argumento de “urgencia” y “utilidad pública”, el gobierno puede tomar posesión de un bien antes de que exista una resolución definitiva o un pago. En un contexto institucional débil, esta herramienta puede convertirse fácilmente en un mecanismo de presión o abuso.
La ambigüedad del concepto de utilidad pública ha sido históricamente un terreno fértil para excesos en México. Lo que en papel puede ser un hospital o una escuela, en la práctica podría derivar en proyectos clientelares, desarrollos favoreciendo intereses particulares o decisiones políticas disfrazadas de beneficio colectivo.
El problema no es solo jurídico, sino político. Con un Congreso dominado por el oficialismo y sin contrapesos efectivos, el diseño institucional deja al ciudadano en clara desventaja frente al poder público. La posibilidad de recurrir al amparo existe, pero llega tarde, cuesta dinero y no siempre es accesible para todos.
Además, los plazos reducidos para la defensa —señalados por diversas voces críticas— limitan la capacidad real de respuesta de los afectados, especialmente en zonas rurales o entre población con menos recursos. En esos casos, la ley deja de ser un instrumento de justicia para convertirse en una imposición.
No es casualidad que en la discusión pública se hable de “cheque en blanco” o “superpoderes”. Más allá de la retórica, lo que se oculta es una preocupación profunda: que esta ley pueda utilizarse no solo para obras públicas, sino también contra críticos del gobierno, empresarios incómodos o ciudadanos sin influencia.
El riesgo de corrupción administrativa tampoco es menor. En manos de servidores públicos sin controles efectivos, los procesos de expropiación pueden derivar en extorsiones, favoritismos o decisiones arbitrarias, agravando la ya frágil confianza ciudadana en las instituciones oaxaqueñas.
Sí, la ley incluye elementos positivos: el derecho de audiencia, la posibilidad de recuperar el bien si no se utiliza y la armonización con estándares constitucionales. Pero estas salvaguardas resultan insuficientes frente a un diseño que privilegia la rapidez del Estado sobre los derechos del individuo.
En el fondo, el dilema es: ¿puede el Estado avanzar en obras públicas sacrificando garantías básicas? La respuesta debería ser NO. El desarrollo no debe construirse sobre la incertidumbre jurídica ni sobre la vulnerabilidad de los ciudadanos.
La nueva Ley de Expropiación de Oaxaca no es, por sí misma, una sentencia de abuso. Pero sí abre la puerta a él. Y en un contexto donde la confianza en las instituciones no atraviesa su mejor momento, esa puerta no debería haberse abierto sin mayores candados.
