POLÍTICA EXPRÉS | Justicia de Estado: cuando el poder gana incluso sin razón aparente

La discusión sobre una posible “justicia de Estado” en México ha dejado de ser marginal para convertirse en una preocupación nacional. Cuando las instituciones encargadas de impartir justicia parecen inclinar la balanza hacia el poder, incluso en casos polémicos, la confianza ciudadana comienza a erosionarse de manera peligrosa y progresiva.

El reciente fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre Pío López Obrador no solo cerró un expediente incómodo, sino que también encendió alarmas. La exoneración, pese a pruebas, videos y declaraciones públicas, proyecta la idea de que ciertas figuras gozan de impunidad frente a cualquier consecuencia legal.

Más allá de la legalidad técnica, el problema radica en la percepción. Cuando la ciudadanía observa que pruebas visibles no derivan en sanciones, se instala la sospecha de que la ley no opera de manera uniforme. Y en justicia, la percepción no es secundaria: es el cimiento mismo de la legitimidad institucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tampoco escapa a este escrutinio. Desde la reforma judicial de 2024, su nueva integración ha sido señalada por críticos como funcional al poder político. El apodo de “Corte del acordeón” refleja una narrativa que, justa o no, ha ganado terreno en la opinión pública.

No se trata de afirmar que todas las resoluciones favorezcan al Estado. Existen fallos relevantes en favor de derechos ciudadanos. Sin embargo, en los casos de mayor carga política, aquellos que definen el rumbo institucional del país, la tendencia se ha inclinado consistentemente hacia validar decisiones del poder.

Ese patrón es el verdadero problema. No es un fallo único, sino la repetición de resoluciones en momentos clave lo que construye la sospecha. Cuando el árbitro parece coincidir sistemáticamente con uno de los equipos, la competencia deja de percibirse como justa, aunque formalmente lo sea.

La narrativa oficial insiste en que se trata de decisiones apegadas a Derecho. Y puede ser cierto en términos estrictamente legales. Pero la justicia no solo debe ser legal: debe ser creíble. Cuando la aplicación de la norma genera impunidad selectiva, la legalidad pierde su capacidad de convencer.

El caso de los “sobres amarillos” es emblemático porque combina evidencia mediática, admisiones públicas y una resolución absolutoria. Esa combinación resulta explosiva para la credibilidad institucional. El mensaje implícito es devastador: no todos los actos tienen las mismas consecuencias, dependiendo de quién los cometa.

En un país con antecedentes de instituciones capturadas, este tipo de decisiones no ocurren en el vacío. Se insertan en una historia de desconfianza acumulada. Por eso, cada fallo controvertido no solo resuelve un caso, sino que alimenta una narrativa más amplia de desigualdad ante la ley.

Al final, la prueba definitiva es simple: si un ciudadano común cree que puede ganar un litigio contra el Estado en igualdad de condiciones. Hoy, esa convicción parece inexistente. Y cuando la justicia pierde credibilidad, lo que se erosiona no es solo el sistema judicial, sino la estabilidad democrática misma.