POLÍTICA EXPRÉS | * Reforma electoral: entre la austeridad prometida y la tentación de concentrar poder
La presidenta Claudia Sheinbaum envió esta semana su reforma electoral al Congreso, con la promesa de modernizar el sistema y abaratar la democracia. El discurso oficial habla de eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, toda cirugía institucional exige bisturí fino, no machete político con prisa gubernamental.
La iniciativa plantea reducir el tamaño del Congreso y eliminar las listas plurinominales en el Senado. La narrativa es buena: menos legisladores, menos gasto, más legitimidad directa. En tiempos de hartazgo ciudadano, la fórmula parece impecable. Pero simplificar la representación puede terminar simplificando peligrosamente la pluralidad política nacional.
Eliminar plurinominales suena a castigo contra las cúpulas partidistas. Obligar a que todos lleguen por voto directo parece democratizador. No obstante, la representación proporcional nació para evitar mayorías aplastantes y dar voz a minorías. Sin ese equilibrio, el Congreso podría convertirse en eco dominante del partido mayoritario.
El recorte del 25 por ciento al gasto electoral también resulta popular. Ajustar salarios, limitar regidores y reducir prerrogativas conecta con la austeridad republicana. Pero la democracia cuesta, y abaratarla en exceso puede salir caro. Instituciones debilitadas operativamente son terreno fértil para conflictos postelectorales y sospechas permanentes.
La autonomía del Instituto Nacional Electoral es el eje más delicado. Aunque la propuesta asegura fortalecerlo, reducirle recursos mientras se amplían sus tareas parece contradictorio. Más fiscalización, regulación tecnológica y cómputos inmediatos requieren capacidad técnica. Sin presupuesto suficiente, la autonomía corre el riesgo de volverse retórica institucional.
Regular inteligencia artificial y prohibir bots en campañas es un avance necesario. El mundo digital ya incide decisivamente en elecciones. Sin embargo, la legislación debe acompañarse de capacidades reales de vigilancia y ciberseguridad. De lo contrario, la norma será letra muerta frente a estructuras tecnológicas sofisticadas.
La eliminación de la reelección inmediata a partir de 2030 despierta aplausos morales. Evita cacicazgos y aparenta renovación constante. Pero también puede desalentar la profesionalización legislativa. Sin incentivos para construir carrera parlamentaria, muchos representantes responderán más a liderazgos partidistas que a la ciudadanía.
El fortalecimiento de mecanismos participativos —referendos, plebiscitos y voto electrónico— abre una puerta interesante. Democratizar decisiones puede acercar poder al ciudadano. No obstante, trasladar consultas a niveles estatales y municipales exige reglas claras, blindaje tecnológico y garantías para evitar capturas políticas o manipulación digital. Ya vimos la consulta de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara, que derivó en un cochinero.
La reducción del Senado de 128 a 96 integrantes modificará equilibrios regionales. En un país diverso, cada escaño cuenta para articular voces locales. Menos espacios pueden significar menos matices. Si la representación se contrae, la política empezará a polarizarse y a simplificar debates complejos.
La reforma no es intrínsecamente antidemocrática. Tiene aciertos en transparencia y modernización. Pero su diseño concentra riesgos en pluralismo, contrapesos y fortaleza institucional. La democracia mexicana, aún frágil, necesita reformas consensuadas y técnicamente sólidas, no propuestas que, bajo la bandera del ahorro, reconfiguren silenciosamente el poder.
