Opacidad en #Oaxaca: Fiscalía prioriza el cierre del caso sobre la justicia real para niñas haitianas
La Fiscalía de Oaxaca parece más interesada en sepultar el expediente que en castigar a los culpables. Tras la muerte de dos niñas haitianas en el albergue Casa Patos, de San Raymundo Jalpan, las autoridades han tejido una red de silencio. La prioridad estatal no parece ser la justicia, sino exentar responsabilidades rápidamente.
El hallazgo de las menores en una cisterna del DIF estatal desató una respuesta institucional cargada de hermetismo. En lugar de transparencia, la Fiscalía optó por aislar a la madre, Louis Mona. Este distanciamiento forzado impidió que la mujer denunciara las condiciones negligentes del centro ante la opinión pública.
De acuerdo con el periodista Alejandro Leyva Aguilar en su columna “El zumbido del moscardón” de este martes, la investigación penal se ha concentrado únicamente en un mando medio de servicios generales por el mal estado de la tapa. Esta estrategia busca un chivo expiatorio que evite tocar las altas esferas del DIF. Resulta evidente que el objetivo principal es cerrar el caso sin encarcelar a los responsables directos.
Mientras el jefe de Servicios Generales del DIF estatal, Javier Blanco, permanece detenido, la directora de Casa Pato sigue sin ser indiciada pese a su jerarquía. El gobierno estatal presume la separación de cargos de tres funcionarias, pero ninguna enfrenta procesos legales reales. La impunidad parece garantizada para quienes debieron vigilar la seguridad de las menores extranjeras.
Las tres funcionarias removidas comparten lazos familiares con la presidenta honoraria del DIF estatal, Irma Bolaños Quijano. Esta conexión política explicaría por qué la investigación se detiene antes de llegar a ellas. El nepotismo parece pesar más que el deber de otorgar justicia pronta a las víctimas del incidente.
Tras el sepelio en un panteón cuya ubicación exacta la madre desconoce, la Fiscalía aceleró su salida de Oaxaca. Louis Mona fue trasladada vía aérea hacia el norte del país bajo un esquema de acompañamiento que parece una expulsión. Se eliminó así cualquier rastro del testimonio directo de la tragedia.
Colectivos de derechos humanos y el IMUMI exigen una indagatoria con perspectiva antirracista y de género ante tal negligencia. Sin embargo, las promesas del gobernador Salomón Jara sobre transparentar el proceso han quedado en palabras vacías. La reparación integral del daño brilla por su ausencia en este proceso judicial opaco.
La madre de las víctimas no ha tenido acceso a medios de comunicación ni acompañamiento consular efectivo tras su traslado. El Estado ha controlado cada paso de su movilidad, limitando su capacidad de exigir cuentas claras. Esta gestión del dolor ajeno busca evitar que el escándalo escale a niveles nacionales.
La omisión de la directora general del DIF y la coordinadora de albergues subraya una falla estructural profunda. No se trata solo de una tapa de cisterna rota, sino de una cadena de negligencias administrativas. Ignorar estas jerarquías demuestra que la Fiscalía oaxaqueña protege intereses políticos sobre los derechos humanos.
El caso de las niñas haitianas quedará marcado por la opacidad y el desprecio hacia la población migrante. Sin responsables reales en prisión, la justicia en Oaxaca se convierte en un simulacro administrativo. Mientras no se vincule a las directivas, la impunidad seguirá siendo la verdadera cara del DIF.
