Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico exigen justicia y transparencia; acusan a la FGR de negarles acceso al expediente
Sobrevivientes y familiares del accidente del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre en Nizanda, en la región del Istmo de Oaxaca, denunciaron este martes graves irregularidades en el proceso de investigación. El siniestro dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de 250 lesionadas.
Juan Manuel Iglesias López, contador de profesión y sobreviviente del accidente, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Viajaba con su esposa e hijo en una misión religiosa hacia Oaxaca cuando el tren se descarriló entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, en jurisdicción de Ciudad Ixtepec.
Desde el primer vagón, Iglesias vio cómo el convoy caía al precipicio. Herido junto a su familia, afirmó hablar únicamente como esposo, padre y víctima directa, sin representar ninguna postura política o partidista.
Con voz firme, el sobreviviente hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Solicitó que se garantice justicia pronta, transparencia total y atención adecuada para todas las víctimas del accidente ferroviario.
La defensa legal, encabezada por el abogado Adrián Arellano, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de no reconocer formalmente la calidad de víctimas a los afectados. Esto les impide acceder a la carpeta de investigación.
A pesar de presentar la querella por lesiones el 5 de enero, solo han recibido respuesta a dos de más de 20 escritos enviados a diversas autoridades. La lentitud y las omisiones han generado frustración entre los denunciantes.
Recién el lunes previo a la conferencia, la FGR los citó para el 20 de febrero, medida que atribuyen a la presión pública generada. Criticaron como insensible exigir que Iglesias viaje desde Ciudad Juárez hasta la capital para ratificar trámites innecesarios.
De las más de 250 personas lesionadas, únicamente ocho han sido convocadas para ser reconocidas formalmente como víctimas. Esta cifra evidencia, según los denunciantes, un proceso selectivo y excluyente por parte de las autoridades.
La investigación oficial se ha concentrado casi exclusivamente en el supuesto exceso de velocidad, sin explorar a fondo otras hipótesis relevantes. Entre ellas destacan posibles fallas en contratos, mantenimiento deficiente o irregularidades en la construcción de la vía férrea.
Iglesias López rechazó un acuerdo de indemnización condicionado, ofrecido por la Comisión de Atención a Víctimas, que exigía firmar documentos sin asesoría legal. Lo calificó de inaceptable y comparó su lucha con la de David frente al Goliat de la injusticia institucional.
