Cobro de piso del crimen organizado amenaza escuelas del Istmo; marcha Sección 22 y exige a Jara combatir a extorsionadores
La región del Istmo de Tehuantepec enfrenta una crisis inédita de inseguridad escolar. Directivos y padres de familia denuncian que el crimen organizado intenta imponer cuotas mensuales a planteles educativos, bajo amenaza de violencia. El fenómeno, antes limitado a comercios y otros tipos de actividad económica, ahora vulnera espacios dedicados a la educación pública.
El tema fue expuesto formalmente este viernes 30 de enero en la mesa de seguridad estatal por la Sección 22 de la CNTE. El magisterio advirtió que el cobro de piso en escuelas no ha sido atendido con seriedad por autoridades, provocando temor, indignación social y movilizaciones regionales.
Datos reportados hasta mediados de 2024 ubican a Oaxaca como líder nacional en denuncias por extorsión relacionadas con escuelas, maestros o familias, con 91 carpetas de investigación. Aunque no existen cifras oficiales actualizadas para 2025-2026, se reconoce que muchas víctimas no denuncian por temor.
En enero de 2026, alrededor de dos mil maestros marcharon en Ciudad Ixtepec y otros puntos del Istmo. Denunciaron robos, amenazas y cobro de piso, especialmente en centros de atención múltiple. La protesta reflejó una exigencia clara: frenar la expansión del crimen organizado en las escuelas.
En el Istmo, la extorsión se ha normalizado durante años entre comerciantes y transportistas. Sin embargo, su incursión en planteles escolares marca un punto crítico. Directivos y comités de padres han sido presionados para pagar cuotas mensuales a cambio de no sufrir ataques contra instalaciones, personal docente o alumnado.
Docentes y familias alertan que esta práctica traslada la lógica de la violencia criminal a espacios comunitarios esenciales. Las escuelas, dicen, comienzan a ser vistas como fuentes de ingreso ilícito, aprovechando su limitada protección institucional y el miedo de comunidades que históricamente han quedado expuestas a la delincuencia.
Como respuesta, la Sección 22 convocó a protestas y a una marcha regional en Ciudad Ixtepec. El sindicato sostiene que las amenazas evidencian un cambio alarmante en las dinámicas delictivas, donde la extorsión busca afianzarse en sectores socialmente sensibles, como la educación pública y la atención a poblaciones vulnerables.
Uno de los casos más graves ocurrió en el Centro de Atención Múltiple número once, que recibió una llamada de amenaza vinculada con cobro de piso. El hecho encendió alarmas por tratarse de una institución que atiende a estudiantes con discapacidades severas y múltiples necesidades educativas especializadas.
Los CAM brindan educación a personas con discapacidad intelectual, motriz, visual, auditiva y trastornos del desarrollo. Cualquier intimidación impacta directamente en una población altamente vulnerable. Maestros advierten que permitir estas amenazas significaría aceptar que la violencia criminal penetre ámbitos destinados al cuidado y aprendizaje infantil.
El magisterio anunció que no permitirá que el cobro de piso se arraigue en las escuelas. Exigió a autoridades estatales y federales investigaciones inmediatas y acciones de protección efectivas. Sostiene que defender los planteles es garantizar el derecho colectivo a una educación segura y libre de miedo.
