POLÍTICA EXPRÉS | *Fiscalización bajo sospecha: la lucha anticorrupción en #Oaxaca, entre discursos y complicidades
En Oaxaca, la promesa de combatir la corrupción se ha convertido en un discurso repetido, pero débil en resultados verificables. A tres años del actual gobierno, la ciudadanía observa anuncios, comparecencias y cifras heredadas, mientras espera sanciones concretas contra irregularidades presentes que siguen apareciendo en dependencias estatales de gobierno actual.
La Secretaría de Honestidad y Transparencia nació para vigilar al poder, no para justificarlo. Sin embargo, su actuación pública sugiere cautela selectiva. Cuando las denuncias tocan al círculo gobernante, el rigor parece diluirse. La fiscalización pierde fuerza si evita incomodar a quienes toman decisiones y administran presupuestos con recursos públicos.
La comparecencia de su titular ante el Congreso dejó más preguntas que certezas. Hubo datos, pero faltaron conclusiones sobre responsabilidades actuales. Mirar hacia atrás puede ser necesario, aunque gobernar exige vigilar el presente. Sin investigaciones oportunas, las auditorías se vuelven relatos históricos, incapaces de corregir desvíos en curso del erario.
El énfasis en expedientes de sexenios anteriores puede informar, pero también distraer. Cuando se convierten en único argumento, revelan prioridades políticas. La ciudadanía quiere saber qué ocurre hoy con su dinero. La transparencia real implica revisar contratos vigentes, programas activos y decisiones recientes, no solo cuentas del pasado mal explicadas.
Las denuncias sobre gastos en festividades, promoción turística y contrataciones llaman la atención pública. No se trata de condenar sin pruebas, sino de investigar con seriedad. La autoridad fiscalizadora tiene facultades para abrir expedientes de oficio. No hacerlo envía señales equivocadas sobre prioridades institucionales y compromisos éticos frente al ciudadano.
También preocupan los señalamientos sobre posibles empresas fantasma y redes de facturación. Son acusaciones graves que merecen revisión técnica, independiente y documentada. Ignorarlas no las desaparece. Una secretaría anticorrupción debe investigar incluso cuando los indicios resultan incómodos para aliados políticos o figuras relevantes del propio gobierno que hoy administran recursos.
La selectividad erosiona la credibilidad. Si solo se persigue al pasado, el mensaje es político, no técnico. Combatir la corrupción requiere reglas parejas. Cada peso público mal usado afecta servicios, obras y oportunidades. La vigilancia debe ser permanente para prevenir, no únicamente para narrar irregularidades después cuando ya causaron daño.
El Congreso y la sociedad civil cumplen un papel clave al cuestionar y exigir. Sus observaciones no deberían descalificarse de inicio. Investigar fortalece instituciones; evadir debilita la confianza. La rendición de cuentas funciona cuando hay respuestas verificables, plazos claros y consecuencias administrativas o legales para quien falle en funciones públicas.
Tras procesos políticos recientes, el llamado a decir la verdad cobra relevancia. La honestidad gubernamental se demuestra con actos medibles. Publicar auditorías actuales, detallar hallazgos y sancionar faltas sería una señal contundente. Sin ello, cualquier narrativa anticorrupción luce incompleta ante una ciudadanía cada vez más atenta a la gestión pública.
Oaxaca necesita instituciones que incomoden al poder cuando sea necesario. La Secretaría de Honestidad tiene la oportunidad de demostrar autonomía. Sancionar, prevenir y transparentar fortalecería su legitimidad. De lo contrario, persistirá la percepción de simulación, y la lucha anticorrupción quedará reducida a retórica administrativa sin resultados claros para la ciudadanía.
