FGR ejecuta órdenes de aprehensión contra trabajadores por descarrilamiento de Tren Interoceánico, exonerando a funcionarios y empresarios
La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, obtuvo de un juez y ejecutó tres órdenes de aprehensión contra Emilio Erasmo Canteros Méndez, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, responsabilizándolos del trágico descarrilamiento en Nizanda, Oaxaca, que cobró 14 vidas y dejó 100 heridos. Alegan exceso de velocidad, ignorando denuncias de corrupción en la obra. Este enfoque protege a los verdaderos culpables, como empresarios que rehabilitaron vías defectuosas y la Marina, que reacondicionó vagones obsoletos de los años 70 y 80 adquiridos en el extranjero.
Usuarios en redes sociales denuncian que la FGR encubre negligencias sistemáticas, como el uso de balasto de mala calidad y recortes presupuestarios que redujeron el costo de 25 mil a menos de 4 mil millones de pesos. El accidente de Nizanda no es el único: en 2025 hubo colisiones en Chiapas, Tabasco y un descarrilamiento en Veracruz, evidenciando fallas estructurales que la Fiscalía omite para blindar el megaproyecto heredado de AMLO.
Gonzalo López Beltrán, hijo del expresidente y supervisor “honorífico” de la línea Z, fue exonerado —sin que haya figurado en la investigación— pese a denuncias por corrupción y audios que revelan “negociazos” con materiales deficientes. Críticos en X señalan que culpar al maquinista y auxiliares es una maniobra para desviar la atención de omisiones gubernamentales, mientras víctimas reciben indemnizaciones irrisorias de 30 mil pesos, insuficientes incluso para traslados funerarios.
La detención de Felipe de Jesús Díaz Gómez en Chiapas, basada en peritajes de la caja negra que indican velocidades de hasta 111 km/h en zonas limitadas a 50, contrasta con reportes de durmientes de madera inestables y taludes defectuosos. Esta narrativa oficial ignora quejas de sobrevivientes sobre atención médica precaria en hospitales con escaso personal, donde heridos fueron dados de alta prematuramente sin revisiones exhaustivas ni medicamentos.
Activistas y familiares exigen justicia integral, denunciando abusos de autoridad y omisiones detectadas por la ASF desde 2019. La prisa por inaugurar el Tren Interoceánico, impulsada por intereses políticos, priorizó la imagen sobre la seguridad, resultando en “incidentes” que la 4T minimiza como sabotajes o errores individuales, perpetuando la impunidad de los poderosos.
Redes sociales bullen con acusaciones de que la FGR actúa como escudo del régimen, prediciendo desde diciembre que la culpa recaería en trabajadores para exonerar a contratistas y funcionarios. Este patrón de negligencia criminal, con trenes reciclados y supervisión familiar, expone el fracaso moral y técnico de obras emblemáticas, dejando a las víctimas en el olvido.
La exoneración implícita de la Marina y empresas involucradas refuerza críticas sobre corrupción endémica, donde audios filtrados burlan descarrilamientos futuros como “otro pedo”. En las redes sociales, la sociedad demanda investigaciones independientes para romper el ciclo de impunidad, asegurando que tragedias como esta no se repitan bajo el manto de protección oficial.
