Comunidad de Zaniza, #Oaxaca, condiciona libertad de Delegada de Paz al pago de multa de diez millones por soborno
La asamblea general de Santa María Zaniza advirtió firmemente que no liberará a Lourdes Adriana Rodríguez Santos, delegada de Paz del Gobierno, de Oaxaca, subordinada al secretario de Gobierno, Jesús Romero López, hasta que liquiden una multa de 10 millones de pesos. Esta sanción económica surge tras el intento de la funcionaria de corromper el proceso electoral local.
Según denunció la población de la Sierra Sur, la delegada fue retenida tras intentar sobornar a los funcionarios de casilla durante la consulta de revocación de mandato. Al fracasar en su intento de compra, Rodríguez Santos presuntamente arrebató las boletas por la fuerza para marcarlas a su propio criterio personal.
La comunidad desmintió categóricamente que la presencia de la funcionaria buscara mediar por personal electoral supuestamente retenido. Los pobladores aclararon que nunca hubo trabajadores del INE o IEEPCO privados de su libertad; por el contrario, aseguran que la delegada arribó al municipio con un plan de manipulación previamente definido.
Las pruebas de la comunidad.
Ante la gravedad de los actos, la máxima autoridad comunitaria determinó que la libertad de la funcionaria está sujeta exclusivamente al pago de los diez millones de pesos. Los habitantes consideran este monto como una reparación necesaria frente al intento de vulnerar la voluntad popular, la autonomía y la dignidad del pueblo.
Durante la jornada del pasado 25 de enero, los pobladores detectaron las irregularidades cometidas por la representante del Ejecutivo estatal. La retención se ejecutó de manera inmediata cuando los encargados de las casillas alertaron sobre la presión ejercida por Rodríguez Santos para alterar los resultados del ejercicio democrático en curso.
Actualmente, Santa María Zaniza mantiene su postura de no ceder ante presiones políticas externas sin el cumplimiento de la sanción económica. La comunidad enfatizó que la delegada de Paz permanecerá bajo resguardo comunitario hasta que el Estado asuma la responsabilidad financiera por el atropello cometido contra la asamblea.
