Coacción y fraude electoral empañan jornada de revocación de mandato de Salomón Jara en comunidades de #Oaxaca
La jornada de revocación de mandato en Oaxaca quedó marcada por graves denuncias de coacción en la ciudad de Juchitán. El Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas, fundado por el senador morenista Antonino Morales, presuntamente condicionó la permanencia de colonos en sus tierras. Esta práctica vulnera los derechos fundamentales y desvirtúa la legitimidad democrática.
Líderes locales como Pedro Vázquez y Paola Díaz son señalados por amenazar directamente a los habitantes de la colonia «Nino Morales». La advertencia fue tajante: votar a favor del gobernador Salomón Jara o enfrentar el desalojo inmediato. Este uso patrimonial de la tierra revela una estructura política clientelar.
La mecánica de control denunciada roza lo distópico y lo ilegal dentro del proceso electoral. Se exigió a los ciudadanos fotografiarse con su número de lote en la mano junto a la boleta marcada. Esta evidencia visual anula el secreto del voto, transformando un derecho ciudadano en una imposición.
Paralelamente, en Santa María Zaniza, la violencia sustituyó a la presión psicológica durante la votación de este domingo. Grupos allegados al Ejecutivo estatal intentaron sobornar a los funcionarios de casilla para manipular los resultados. La integridad del proceso fue comprometida ante la mirada atónita de la comunidad de Sola de Vega.
Tras el rechazo al soborno, los operadores políticos optaron por el uso de la fuerza y la prepotencia. Arrebataron boletas para marcarlas sistemáticamente a favor de la continuidad del gobernador Jara. Estas acciones demuestran una desesperación política que ignora los cauces legales y el respeto a la voluntad popular.
La respuesta comunitaria en Zaniza fue contundente: la autoridad local encarceló a los responsables para frenar el atropello. Este acto de resistencia civil subraya la fractura entre las bases indígenas y el aparato gubernamental. La asamblea de comuneros ahora debate las consecuencias legales de esta flagrante irrupción electoral.
Pese a la gravedad de los hechos, las autoridades estatales mantienen un silencio que resulta cómplice ante la opinión pública. La falta de declaraciones oficiales sugiere una estrategia de minimización frente a irregularidades documentadas localmente. La transparencia, prometida en campaña, se ausentó en este proceso crítico de revocación de mandato.
Estos incidentes en Juchitán y Sola de Vega empañan irremediablemente la percepción de la consulta ciudadana. La democracia oaxaqueña enfrenta el reto de superar el caciquismo y la manipulación de los sectores más vulnerables. El resultado de la jornada quedará bajo la sombra de la sospecha y la coacción.
