Inseguridad en Yucatán escala por presunta operación de nuevos grupos criminales bajo la actual administración estatal
Históricamente considerado un refugio de paz, Yucatán enfrenta hoy un panorama crítico de inseguridad. Críticos señalan que, con la llegada del gobernador Joaquín Díaz Mena, la entidad ha perdido su blindaje contra el crimen organizado. La percepción de vulnerabilidad crece mientras diversas organizaciones delictivas disputan el control de la península.
Informes de inteligencia del gabinete de seguridad estatal advierten sobre la irrupción de una nueva célula delictiva denominada «Cártel de la Costa». Este grupo local, que opera con autonomía, aprovecha el repliegue de las autoridades. Su aparición marca un punto de quiebre en la estabilidad que caracterizó al estado anteriormente.
La estructura criminal estaría integrada por antiguos miembros del Cártel de los Epitacio. Tras perder terreno ante organizaciones nacionales como el CJNG, el Cártel del Golfo y Caborca, estos elementos se reorganizaron. Se presume que el grupo cuenta con el apoyo de expolicías que aportan información estratégica para facilitar delitos.
Bajo el mando de un líder apodado “H”, el grupo controla la Riviera Yucateca. Su zona de influencia se extiende desde Progreso hasta Buctzotz, afectando puntos clave como Telchac y los Dzilanes. Esta presencia territorial ha generado una alerta máxima por posibles enfrentamientos armados en municipios como Sinanché y Dzilam.
A pesar de las evidencias, el gobernador Joaquín Díaz Mena ha sido cuestionado por minimizar la violencia. Diversos sectores acusan al mandatario de ignorar la gravedad de la crisis actual. La opinión pública señala que Yucatán ha dejado de ser el estado más seguro del país bajo la gestión de Morena.
Recientemente, el mandatario calificó la masacre en Dzilam González como un simple conflicto familiar, descartando nexos con el narcotráfico. Esta postura ha sido tildada de irresponsable por quienes sostienen que el crimen organizado ya está profundamente arraigado en la región. La tensión social y la desconfianza institucional continúan aumentando.
