#Oaxaca: oposición prepara impugnación ante SCJN por irregularidades graves en revocación de mandato
Portada: Cobijas para Tehuantepec| La oposición política y organizaciones civiles en Oaxaca afinan una estrategia jurídica para impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la elección de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, al considerar que el proceso nació viciado, fue inducido desde el poder y se desarrolló con violaciones sistemáticas a la legislación electoral.
El eje central de los alegatos es que la revocación de mandato dejó de ser un ejercicio ciudadano para convertirse en una elección de ratificación gubernamental promovida, organizada y financiada desde el propio aparato estatal, con la tolerancia —y presunta complicidad— del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Integrantes del partido Movimiento Ciudadano acudieron formalmente a las oficinas del órgano electoral para denunciar lo que califican como una operación de promoción indebida. Entregaron evidencias de lonas, espectaculares y volantes con mensajes personalizados a favor del gobernador, difundidos masivamente fuera de los plazos y reglas permitidas por la ley.
Las denuncias no se limitan a propaganda ilegal. La diputada Martha Araceli Cruz, del Partido del Trabajo, y diversos especialistas advirtieron que el uso desmedido de recursos públicos, la intervención directa del Ejecutivo estatal y la coacción del voto configuran causales suficientes para anular el proceso y llevar el caso a tribunales federales.
El sociólogo de la UABJO, Isidoro Yescas Martínez, sostuvo que organizaciones sociales y ciudadanos tienen plena legitimidad para impugnar la revocación de mandato y escalar el caso hasta la Suprema Corte. Afirmó que las autoridades locales carecen de independencia real para resolver un proceso que involucra al propio gobierno estatal.
Publicidad ilegal.
Yescas calificó la consulta como una “maniobra de Estado”, inducida con recursos públicos que deberían destinarse a salud, educación e infraestructura. Señaló que el diseño y la ejecución del proceso contradicen el espíritu constitucional de la revocación, concebida como un mecanismo de control ciudadano, no de autopromoción gubernamental.
De acuerdo con información documentada en medios digitales y redes sociales, abundan las denuncias de compra de votos. En colonias de la capital y municipios del interior se reportan pagos en efectivo de entre 200 y mil pesos por voto, además de entrega de cobijas, despensas u otros bienes, a cambio de votar por la continuidad del gobernador.
Uno de los señalamientos más delicados involucra a funcionarios municipales presuntamente operando redes de coacción. Se acusa a servidores públicos de exigir fotografías de boletas, listas nominales y datos personales como prueba del voto, bajo amenazas de perder empleos o beneficios laborales.
También se documentan denuncias de presión directa a ciudadanos. En comunidades como San Jorge el Zapote, personas aseguran que les solicitaron su credencial de elector para “asegurar” apoyos sociales, práctica que opositores consideran chantaje electoral y violación grave a los derechos políticos.
Otro foco de irregularidades es el acarreo. Testimonios señalan que sindicatos, organizaciones de transporte y grupos corporativos fueron activados para movilizar votantes, con cuotas impuestas a trabajadores estatales y presidentes municipales, bajo advertencias de represalias administrativas o presupuestales.
Cobijas para la Sierra Sur.
El condicionamiento de programas sociales aparece como una constante. Beneficiarios denuncian amenazas de retiro de apoyos federales o estatales si no entregan su credencial o no votan a favor del gobernador. Aunque no siempre hay reparto directo de despensas, sí se reportan incentivos materiales como cobijas.
Uno de los casos más graves apunta al Registro Civil. Trabajadores acusan al jefe de Oficialías de exigir listas de 50 votantes por empleado, ofreciendo pagos en efectivo o trámites oficiales gratuitos. Para evitar pruebas, presuntamente se retiran teléfonos celulares durante reuniones internas.
Situaciones similares se denuncian en el DIF Estatal, donde trabajadores de contrato aseguran que se les condicionó el pago de salarios al cumplimiento de cuotas de votos. También acusan amenazas de reducción salarial y represalias fiscales, lo que agrava el señalamiento de abuso de poder y nepotismo.
En municipios como Santo Domingo Tehuantepec, se acusa a autoridades locales y funcionarias estatales de repartir cobijas y despensas destinadas a adultos mayores, retenidas durante meses, con el supuesto objetivo de inducir el voto en la jornada de revocación.
Este cúmulo de señalamientos ha llevado a especialistas a advertir que el proceso carece de condiciones mínimas de equidad. Aunque la Fiscalía Electoral reporta cero denuncias formales, la oposición sostiene que la falta de investigaciones refleja impunidad, no inexistencia de delitos.
Despensas por votos.
La revocación de mandato fue promovida con más de 600 mil firmas, principalmente afines a Morena, y tendrá un costo estimado de entre 99 y 186 millones de pesos. Para sus críticos, se trata de un derroche destinado a legitimar políticamente al gobernador, no a evaluar su desempeño.
Además, la Suprema Corte ya intervino previamente al invalidar reformas locales que pretendían dificultar el proceso, lo que ahora abre la puerta a una nueva revisión constitucional, esta vez por la presunta violación a los principios de legalidad, imparcialidad y neutralidad gubernamental.
Para la oposición, el papel del IEEPCO es clave en la impugnación. Acusan al árbitro electoral de permitir propaganda ilegal, minimizar denuncias y validar un proceso claramente sesgado, lo que, afirman, erosiona su credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones electorales.
De prosperar las impugnaciones, la Corte deberá pronunciarse sobre si una revocación organizada desde el poder puede considerarse válida. El caso de Oaxaca podría sentar un precedente nacional sobre los límites legales y éticos de este mecanismo de democracia participativa.
Más allá del resultado del 25 de enero, la disputa jurídica apunta a una discusión de fondo: si la revocación de mandato fortalece la democracia o, como advierten sus críticos, se convierte en un instrumento de simulación política que deslegitima las instituciones y —debido a la descarada injerencia gubernamental— desalienta la participación ciudadana.
