Gobierno de Oaxaca y el IEEPCO pervierten proceso de revocación de mandato; incumplen ley, promueven voto y avalan campaña publicitaria
El proceso de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ha sido contaminado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a cargo de Elizabeth Sánchez González, que incumple la Constitución y le otorga todas las facilidades al mandatario para hacer campaña con lonas y espectaculares, así como visitas cada por casa.
Diversos actores políticos, colectivos ciudadanos y periodistas denuncian y documentan que el ejercicio presenta características de una ratificación, más que de un mecanismo de evaluación ciudadana del mandato. Todo esto, bajo la autorización de los consejeros del IEEPCO y el aval del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO).
De acuerdo con disposiciones constitucionales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la revocación de mandato debe ser solicitada y promovida por la ciudadanía. En Oaxaca, el proceso fue activado tres meses antes del plazo establecido por una agrupación surgida de Morena, situación que fue observada y señalada por especialistas en derecho electoral y organizaciones civiles.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) validó más de 518 mil firmas para la realización de la consulta programada para el 25 de enero de 2026. Aunque la autoridad electoral informó que cumplió con los requisitos legales, ciudadanos han cuestionado el origen y método de recolección.
Entre los señalamientos más recurrentes se encuentra la participación de funcionarios públicos estatales y militantes del partido Morena en actividades de promoción del proceso. La legislación establece que servidores públicos no pueden intervenir para inducir el sentido del voto en ejercicios de participación ciudadana.
Usuarios de redes sociales y colectivos independientes han documentado brigadas que realizan actividades casa por casa, donde se entregan volantes con instrucciones sobre cómo votar. En dichos materiales se promueve la opción para que el gobernador continúe en el cargo, según las denuncias difundidas públicamente.
También se ha reportado la difusión de mensajes en redes sociales con consignas como “Que siga la primavera”, vinculadas a la imagen del gobernador. La normativa electoral señala que, durante estos procesos, solo el órgano electoral puede difundir información sobre la consulta. Sin embargo, a pesar de las denuncias, esta infracción ha sido avalada por el IEEPCO.
Otras quejas ciudadanas señalan el presunto uso de programas sociales para incentivar la participación a favor del gobernador. De acuerdo con estos testimonios, beneficiarios habrían recibido mensajes o llamadas relacionadas con su participación en la jornada de votación del 25 de enero, exigiéndoles votar y convencer a otros personas a sufragar por la permanencia del gobernador.
Las denuncias incluyen señalamientos sobre condicionamiento de apoyos económicos, servicios públicos o programas sociales, lo cual, de procesarse, contravendría el artículo 134 de la Constitución federal, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales.
En comunidades indígenas del estado, autoridades comunitarias han señalado públicamente que operadores políticos y funcionarios estatales habrían vinculado la continuidad de obras y programas con el resultado de la votación. Estos señalamientos han sido difundidos en medios locales y plataformas digitales.
El artículo 41 constitucional establece que las autoridades electorales deben conducirse con imparcialidad, certeza y legalidad. En este contexto, críticos del proceso han cuestionado el papel del IEEPCO, al considerar que permitió prácticas de promoción que la ley prohíbe expresamente.
Se ha mencionado de manera reiterada la difusión de propaganda donde aparece marcada la opción para que el gobernador continúe en el cargo. Estos materiales han sido atribuidos por denunciantes a estructuras vinculadas al gobierno estatal y a brigadas de Morena.
El IEEPCO ha informado, en acuerdos y lineamientos aprobados en 2025, que es la única autoridad facultada para difundir información sobre el proceso. Asimismo, estableció la suspensión de propaganda gubernamental para evitar la intervención de autoridades en la consulta.
En contraste, colectivos y periodistas han documentada la presencia de publicidad gubernamental y promoción directa del mandatario, lo que contradice estos lineamientos. Estas posturas han sido expuestas en redes sociales, columnas de opinión y conferencias de prensa.
Otro eje de las denuncias se relaciona con la presunta presión a madres jefas de familia beneficiarias de programas sociales estatales. Según los testimonios difundidos, se habrían enviado mensajes solicitando su participación en la votación y la de otras personas cercanas.
Las denuncias en redes sociales señalan que dichos mensajes se enviaron mediante aplicaciones de mensajería con opciones de visualización temporal. Las denunciantes afirman que las comunicaciones hacían referencia a programas como Margarita Maza y Farmacia Bienestar.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el uso indebido de programas sociales y la coacción del voto constituyen faltas administrativas. El Código Penal contempla sanciones en casos de amenazas o condicionamiento de derechos políticos. Sin embargo, nada de estas irregularidades son investigadas por el árbitro electoral.
La jornada de votación está programada para el domingo 25 de enero de 2026. En ella, la ciudadanía decidirá si el gobernador continúa en el cargo o si se revoca su mandato por pérdida de confianza, conforme a lo establecido en la Constitución.
Especialistas en materia electoral han señalado que, en caso de los partidos de oposición en Oaxaca acrediten estas irregularidades, podrían presentar impugnaciones ante instancias jurisdiccionales. Entre las posibles consecuencias se encuentran la nulidad del ejercicio o la imposición de sanciones administrativas.
Aunque el gobierno estatal y el IEEPCO han sostenido públicamente que el proceso se desarrolla conforme a la ley, en los hechos, el proceso ha sido secuestrado por el gobernador con la tolerancia del organismo electoral que, tras librar varias embestidas oficiales, finamente decidió respaldar todas las violaciones al
proceso para evitar represalias por parte del propio mandatario o de funcionarios judiciales del gobierno estatal.
