Habitantes de Santa María Chimalapa, #Oaxaca, piden ayuda federal por incursiones y amenazas de grupos armados de Cintalapa, #Chiapas
Pobladores de las comunidades Chocomanatlán —antes José López Portillo— y Nuevo San Andrés, en Santa María Chimalapa, Oaxaca, denunciaron incursiones armadas provenientes de Cintalapa, Chiapas. A través de videos y oficios dirigidos a autoridades federales, alertaron sobre amenazas que surgieron tras la detención del alcalde chiapaneco la semana pasada. Exigen intervención inmediata para evitar desplazamientos forzados o confrontaciones violentas.
Los habitantes reportan que grupos armados los obligan a firmar documentos que impidan el ingreso de la Guardia Nacional a la zona, bajo amenaza de muerte. Estas presiones se intensificaron después de los arrestos en Cintalapa, vinculados al crimen organizado. Las comunidades, ubicadas en territorio oaxaqueño, temen una escalada de violencia que afecte su seguridad cotidiana.
El domingo por la mañana, un contingente de policías estatales de Oaxaca llegó a Chocomanatlán para resguardar la zona, confirmó el secretario de Gobierno, Jesús Romero López. Esta medida responde a las denuncias públicas y busca restaurar el orden ante las intrusiones reportadas, mientras se espera una respuesta federal más amplia.
Las indagatorias en Cintalapa se reforzaron tras el hallazgo de seis cuerpos a finales de 2025, víctimas de secuestros tras un ataque armado en bares de Villaflores. El 4 de enero de 2026, un operativo interinstitucional detuvo a 156 policías municipales de Cintalapa, Jiquipilas y Ocozocoautla; once fueron judicializados por corrupción y nexos criminales.
Al día siguiente, el 5 de enero, fue arrestado el alcalde morenista Ernesto Cruz Díaz por abuso de autoridad, corrupción y presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Dos días después, la síndica Sally Gallardo Núñez enfrentó detención similar, intensificando la crisis de seguridad en la región colindante con Oaxaca.
Nuevo San Andrés, uno de los poblados afectados, fue fundado en los años setenta por desplazados de Guerrero que huían de la guerra sucia. Este contexto histórico resalta la vulnerabilidad de las comunidades indígenas, que ahora enfrentan nuevas amenazas derivadas de conflictos interestatales y criminales, demandando una resolución pacífica y urgente.
