Familia López Cruz denuncia impunidad en Oaxaca tras violento operativo policial ocurrido hace diez meses
En conferencia de prensa, la familia López Cruz denunció la impunidad que prevalece en Oaxaca a diez meses de un operativo violento ejecutado por agentes de la Fiscalía del Estado. Señalan que, pese a las evidencias, no existen sanciones ni avances reales en las investigaciones internas. El caso permanece impune, a pesar de la promesa del gobernador Salomón Jara, de que se haría justicia.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2025, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigación irrumpieron en su domicilio, ubicado en la capital oaxaqueña, sin exhibir una orden judicial clara. De acuerdo con el testimonio familiar, al menos seis agentes, algunos encapuchados, ingresaron con violencia excesiva.
Los afectados relatan que los policías golpearon puertas, revisaron el inmueble sin protocolo y sometieron físicamente a varios integrantes de la familia. Denuncian que fueron arrastrados y tratados como delincuentes, pese a no resistirse, lo que dejó daños materiales y secuelas emocionales.
El periodista Álvaro Cuitláhuac López, integrante de la familia, fue detenido junto con su esposa y su hermano. La familia sostiene que el operativo respondió a una persecución política derivada de su labor periodística crítica sobre corrupción y abuso de poder en Oaxaca.
Organizaciones de periodistas condenaron el allanamiento y lo calificaron como un atentado directo contra la libertad de expresión. Advirtieron que la detención arbitraria y el uso desproporcionado de la fuerza constituyen graves violaciones a derechos humanos.
A diez meses de los hechos, en enero de 2026, la familia López Cruz acusa una total inacción por parte del gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz. Denuncian que, lejos de investigar, se han tolerado campañas de desprestigio contra voces críticas.
La denuncia fue retomada en redes sociales y en medios digitales, donde se difundieron videos del operativo y testimonios de los afectados. Pese a estas pruebas, no se han iniciado procesos disciplinarios contra los agentes involucrados.
Álvaro López relató que durante el operativo fue sacado a la fuerza de su vivienda sin explicación alguna, provocándole lesiones. La familia también reporta la destrucción de bienes personales y un impacto psicológico duradero, especialmente en los miembros más jóvenes.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, no ha ofrecido información pública sobre la supuesta orden de aprehensión ni ha respondido a los señalamientos de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza.
Activistas y reporteros locales consideran que este caso forma parte de un patrón de represión contra periodistas en Oaxaca. Subrayan que detenciones sin sustento legal y allanamientos arbitrarios se han vuelto prácticas recurrentes.
La familia López Cruz rechaza categóricamente los señalamientos difundidos en redes sociales tras el operativo, los cuales atribuyen a campañas orquestadas desde el poder. Exigen una reparación integral del daño, compensación económica y garantías de no repetición.
En videos difundidos en las redes sociales Facebook y X, narran que el operativo se prolongó durante horas y que los agentes actuaron sin identificación visible. La falta de justicia ha incrementado la indignación pública y los llamados a la intervención del gobernador.
Organizaciones de derechos humanos mantienen el caso bajo observación y advierten que la impunidad en abusos policiales debilita el Estado de derecho. Consideran urgente una investigación independiente y sanciones ejemplares.
En el contexto regional, Oaxaca acumula denuncias por violencia institucional contra periodistas. El caso López Cruz se suma a reclamos por transparencia y rendición de cuentas, especialmente en el marco del discurso oficial de la “primavera oaxaqueña”.
La familia ha solicitado apoyo legal gratuito debido a su limitada situación económica. Aseguran que no buscan confrontación política, sino justicia y el reconocimiento de los abusos cometidos durante el operativo que califican como un atropello policial.
La impunidad en este caso expone las fallas estructurales en la protección a periodistas en México. La familia López Cruz exige una mesa de diálogo con autoridades estatales y acciones concretas que garanticen justicia por la violenta irrupción ocurrida en marzo de 2025.
