Operación militar estadounidense desata explosiones en Caracas y puertos venezolanos para capturar o derrocar a Nicolás Maduro
La madrugada de este 3 de enero de 2026 marcó un punto crítico en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, cuando múltiples ciudades y puertos venezolanos reportaron explosiones, apagones y sobrevuelo de aeronaves no identificadas. La información preliminar apunta a una operación militar estadounidense a gran escala contra el régimen de Nicolás Maduro Moros.
Desde agosto de 2025, Washington incrementó sustancialmente su presencia militar en el Caribe bajo la operación “Lanza del Sur”, presentada como una campaña antidrogas. Sin embargo, analistas y funcionarios venezolanos sostienen que la acumulación de recursos navales, aéreos y especiales tenía como verdadero propósito preparar una ofensiva para derrocar al mandatario venezolano.
La fuerza naval estadounidense creció rápidamente y pasó de un despliegue inicial de destructores a la integración del grupo de ataque del USS Gerald R. Ford, tres buques de asalto anfibio y otros navíos, sumando entre 15 mil y 20 mil efectivos para diciembre de 2025, incluidos marines y unidades élite.
En paralelo, Washington intensificó ataques contra embarcaciones vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Desde septiembre de 2025, al menos 35 lanchas rápidas fueron destruidas, causando más de cien muertes. Estados Unidos asegura que muchos estaban conectados al Cartel de los Soles, organización que acusa a Maduro de liderar como entidad terrorista.
En diciembre, la CIA realizó el primer ataque terrestre confirmado: un dron destruyó una instalación portuaria utilizada por grupos criminales venezolanos. Aunque Maduro evitó confirmar el golpe, denunció “provocaciones inadmisibles” y lo atribuyó a una estrategia estadounidense para justificar una invasión encubierta, pese a su disposición a dialogar sobre narcotráfico.
Datos satelitales mostraron la llegada de aviones AC-130J, helicópteros HH-60W y aeronaves de inteligencia a bases estadounidenses en Puerto Rico, reforzando la percepción de una ofensiva inminente. Un sobrevuelo de un B-52H cerca de Isla de Margarita tensó aún más la situación, que Caracas calificó como violación deliberada de su soberanía.
Los hechos de esta madrugada encendieron las mayores alarmas hasta ahora. Cerca de las dos de la mañana, habitantes de Caracas reportaron al menos siete explosiones, humo en distintos puntos de la capital y un apagón que afectó colonias cercanas al complejo militar Fuerte Tiuna, uno de los núcleos defensivos del régimen.
Videos difundidos en redes sociales muestran destellos en el cielo, sonidos de aeronaves volando a baja altura y columnas de humo cerca del aeropuerto de La Carlota. Testigos narraron escenas de pánico con personas corriendo hacia las calles mientras las autoridades guardaban silencio absoluto sobre lo ocurrido.
En la Costa Central y el estado Miranda también se registraron explosiones, atribuidas por usuarios de redes a ataques aéreos estadounidenses. Algunas versiones señalan sabotaje interno dentro del Ejército venezolano, donde sectores inconformes podrían estar facilitando la caída del régimen ante una ofensiva extranjera.
Informes no oficiales mencionan movimiento de helicópteros de origen estadounidense sobre Caracas y ataques puntuales contra bases aéreas como El Libertador. Aunque no existe confirmación oficial de un desembarco, analistas consideran que los eventos encajan con una fase preliminar destinada a neutralizar defensas y abrir rutas de entrada.
Diversas fuentes, incluyendo reportes citados por The New York Times, sugieren que la Fuerza Delta lideraría operaciones de captura o eliminación de figuras clave del régimen, entre ellas Maduro. Se especula sobre una estrategia de “capturar o matar” apoyada por ciberataques y golpes simultáneos a infraestructuras militares y energéticas.
La Casa Blanca no ha emitido comentarios, pero desde noviembre Trump ha declarado públicamente que “ataques terrestres vendrán”, tras designar al Cartel de los Soles como organización terrorista. Esta clasificación permitió ampliar el margen legal para acciones extraterritoriales sin autorización explícita del Congreso estadounidense.
En el ámbito internacional, Colombia reportó un presunto impacto de misil en la Alta Guajira, que autoridades locales vinculan a la escalada militar. Irán, aliado de Venezuela, denunció los hechos como “agresión imperialista”, mientras la ONU pidió investigar los ataques por posibles violaciones al derecho internacional humanitario.
El régimen venezolano movilizó tropas y activó ejercicios militares en días previos, anticipando un ataque mayor. Sin embargo, la magnitud de las explosiones y el aparente colapso parcial de su defensa aérea sugieren una ofensiva más compleja que los golpes previos, lo que eleva el riesgo de un conflicto regional prolongado.
En Estados Unidos, republicanos aplaudieron la “determinación” de Trump para enfrentar el narcoterrorismo, mientras demócratas cuestionaron la legalidad de los ataques sin consulta al Congreso. Organismos de derechos humanos advirtieron sobre las consecuencias humanitarias de cualquier operación terrestre en zonas densamente pobladas.
Hasta el momento, no existe verificación independiente de un desembarco de tropas estadounidenses en Venezuela. No obstante, la simultaneidad de explosiones, apagones, actividad aérea y silencio gubernamental configura el indicio más fuerte de una operación militar en marcha, posiblemente dirigida a capturar o deponer a Nicolás Maduro.
La situación permanece en evolución acelerada. Si se confirma el inicio de una operación terrestre, representaría el mayor involucramiento militar estadounidense en América Latina en décadas, con efectos imprevisibles para la estabilidad regional. Las próximas horas serán decisivas para determinar si Venezuela entra en una nueva fase de conflicto abierto.
