Otra vez, IEEPCO asigna contrato millonario en días inhábiles a empresa sin experiencia para elaborar material electoral
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca enfrenta nuevamente cuestionamientos por adjudicar un contrato de 36 millones de pesos para material electoral, pese a existir una propuesta 15 por ciento más económica. La decisión ha provocado señalamientos por su impacto financiero y las condiciones en que se realizó el procedimiento.
La adjudicación se efectuó los días 24 y 25 de diciembre, fechas consideradas inhábiles, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y la pertinencia administrativa del proceso. Especialistas consultados consideran irregular que decisiones de alto impacto presupuestal se tomen en periodos oficiales de suspensión laboral.
La operación ocurrió bajo la presidencia de Elizabeth Sánchez González, quien también encabeza el Comité de Adquisiciones del instituto y actualmente es investigada por la Auditoría Superior de la Federación por presuntas irregularidades en el uso y manejo de recursos públicos durante su gestión al frente del organismo.
El contrato se proyecta a favor de Flexométrica, S.A. de C.V., empresa que no cuenta con experiencia acreditada en procesos electorales complejos, particularmente en ejercicios de participación ciudadana como la revocación de mandato. Esta falta es uno de los aspectos que más despierta dudas a especialistas y exfuncionarios electorales.
En contraste, Talleres Gráficos de México presentó una propuesta aproximadamente quince por ciento más baja, con infraestructura instalada, experiencia comprobada y sin antecedentes de sanciones administrativas. Sin embargo, su oferta fue descartada sin una explicación pública detallada, lo que acrecentó las dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Documentación interna y fuentes del sector señalan que Flexométrica forma parte de un consorcio dedicado a la producción de material y servicios electorales, integrado por Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs, empresas que han operado en distintos estados bajo diferentes razones sociales.
Este consorcio ha sido señalado por modificar su denominación según la entidad donde busca operar y por establecer alianzas cuestionadas con autoridades locales, lo que ha motivado quejas de competidores y observaciones de órganos fiscalizadores debido a presuntos acuerdos onerosos y prácticas administrativas irregulares.
Funcionarios consultados indican que otros contratos vinculados a este grupo empresarial están bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación por presuntas inconsistencias fiscales, documentación sin sustento y posibles irregularidades en los procesos de contratación, lo cual incrementa la preocupación sobre su desempeño y transparencia.
Durante el proceso electoral de 2024 en Oaxaca, empresas relacionadas con el mismo consorcio obtuvieron contratos pese a incumplir requisitos técnicos, provocando retrasos y deficiencias en la entrega de materiales. Esta situación generó una crisis logística para el IEEPCO, que debió aplicar correcciones y sustituciones de emergencia.
Especialistas en fiscalización advierten que la combinación de adjudicación en días inhábiles, mayor costo, falta de experiencia del proveedor e investigaciones en curso contra la presidenta del OPLE podría derivar en nuevas observaciones de la ASF y riesgos operativos para la revocación de mandato. Las decisiones recaen directamente en el Comité de Adquisiciones.
