Salomón Jara usa su tercer informe para impulsar costosa autopromoción digital rumbo a revocación de mandato
El gobernador Salomón Jara Cruz ha convertido su tercer informe de gobierno en el eje de una intensa campaña de autopromoción digital. Bajo el discurso institucional, su administración incrementó de forma notable la compra de anuncios en redes sociales y plataformas digitales, en un contexto marcado por la inminente revocación de mandato.
La saturación publicitaria es particularmente evidente en YouTube, Facebook e Instagram, donde usuarios oaxaqueños reportan una presencia constante y reiterada de anuncios gubernamentales. Videos previos, recomendaciones patrocinadas y transmisiones oficiales reproducen el mensaje oficial, generando molestia entre suscriptores que denuncian una sobreexposición financiada con recursos públicos.
Uno de los anuncios más visibles utiliza el lema “Ni un paso atrás, que siga la transformación”, con la imagen central del gobernador Salomón Jara Cruz. Aunque se presenta como propaganda institucional, el contenido refuerza la figura personal del mandatario y sugiere continuidad política, desdibujando la línea entre información gubernamental y promoción personalizada.
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Los anuncios aparecen claramente identificados como “Patrocinados”, lo que confirma el uso de Google Ads para su difusión. Sin embargo, no existen datos públicos detallados sobre el monto invertido, debido a que estas campañas no son clasificadas por Google como publicidad electoral, sino como comunicación social oficial.
El Ads Transparency Center de Google no reporta cifras específicas para este tipo de campañas estatales, lo que limita el escrutinio público. Al no tratarse formalmente de anuncios electorales, la plataforma no está obligada a transparentar el gasto, aun cuando la narrativa tenga implicaciones políticas evidentes.
En contraste, bibliotecas publicitarias como la de Meta revelan que páginas asociadas al gobierno de Oaxaca han gastado alrededor de 38 mil dólares en los últimos días. Aunque no hay desglose por plataforma, especialistas señalan que estas campañas suelen ser integrales y coordinadas entre distintos canales digitales.
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Estimaciones basadas en campañas similares de gobiernos estatales sugieren que el gasto en publicidad digital puede oscilar entre cinco y veinte millones de pesos. En el caso de YouTube, el gasto podría alcanzar varios millones más, aunque sin confirmación oficial.
La estrategia incluye un fuerte targeting geográfico, concentrando los anuncios casi exclusivamente en Oaxaca. Esta segmentación permite maximizar el impacto local y reforzar la presencia del gobernador ante su electorado, sin dispersar recursos en audiencias externas que no influyen en el proceso político estatal.
Legalmente, la campaña se clasifica como propaganda gubernamental, regulada por el artículo 134 constitucional y la Ley General de Comunicación Social. Estas normas prohíben la promoción personalizada, aunque en la práctica los mensajes, lemas e imágenes del gobernador traspasan los límites de lo permitido.
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La opacidad en el gasto, la saturación publicitaria y el contexto de la revocación de mandato alimentan las críticas sobre el uso político de la comunicación social. Mientras no se publiquen informes detallados en portales de transparencia, la campaña del tercer informe seguirá siendo vista como un ejercicio de autopromoción más que de rendición de cuentas.
