PERIODISMO TRASCENDENTE | * Ataque extremista con «carro bomba»
Aún cuando el uso de «coches bomba», para sembrar el terror entre la población civil y desafiar a la fuerza del Estado, ya no es nuevo en México, porque los cárteles del narcotráfico, plenamente identificados como organizaciones internacionales narcoterroristas, por el gobierno de Estados Unidos, los han utilizado recurrentemente en los últimos 14 años, no dejó de sorprender, la tarde del pasado sábado, la explosión de otro más en la comunidad de Coahuayana, Michoacán, donde perdieron la vida al menos cinco personas y una docena más resultaron heridos de gravedad.
La explosión del «carro bomba», se da, a tan solo unos días del arribo de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a un mes y días del asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, que marcó, éste último hecho, una vez más, la máxima inseguridad e impunidad, tanto en la entidad michoacana, como en el país, pero también el alto grado de violencia, que en lugar de reducir sus índices, cada vez va más en aumento.
Nadie puede negar, el alto grado de violencia desatada por el narcoterrorismo en contra de la población civil, ante la incipiente respuesta del Estado, que se muestra extremadamente débil e impotente, para frenar a los grupos delincuenciales que se han apoderado del territorio nacional, sin que las fuerzas armadas puedan evitarlo.
Y no precisamente porque sean inferiores en número y potencial de armas, sino más bien por las complicidades de la narcopolítica, el narco morenismo y el narco gobierno, que los mantienen atados de manos y sin poder hacer nada, con todos y los insignificantes decomisos, acciones y detenciones que son mínimas, frente al monstruo en el que se convirtió este flagelo en los últimos 7 años.
Los mexicanos, no necesitamos vivir o estar en zonas de conflicto activo o países afectados por el terrorismo extremista como el Oriente Medio, donde como en Irak y Siria, los atentados terroristas con «coches bomba», son más comunes por grupos extremistas como el Estado Islámico (EI), o en el Sur de Asia, como Afganistán y Pakistán, donde también son recurrentes los ataques en contra de la población civil.
Tampoco necesitamos vivir o estar en países del África Subsahariana como Burkina, Nigeria o Somalia, para experimentar ataques de esta magnitud con «coches bomba», como el ocurrido en Coahuayana, uno de los 113 municipios que conforman el Estado de Michoacán.
Y si bien es cierto que en América Latina, este tipo de ataques que tienen como propósito provocar la muerte, la destrucción y el terror, vinculados a la violencia desatada con la abierta complacencia y hasta complicidad del Estado, son menos frecuentes, no necesitamos vivir o estar en las zonas de conflicto extremo, para sufrir en carne propia los estragos de la violencia desatada por los cárteles de la droga o grupos criminales, que han crecido y se han empoderado tanto, que desafían abiertamente al Estado y a grupos criminales rivales, en disputa de las plazas del narcoterrorismo, que cada vez son más y más fuertes.
Desgraciadamente, cómo están las cosas y ante la complacencia y hasta la complicidad del exacerbado autoritarismo, en cualquier momento y en el lugar menos indicado del millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados que conforman el territorio nacional, pudiera darse un acto de barbarie como la explosión de los «coches bomba», sin que el Estado, ni nadie, pueda evitarlo, como no pudo o no quiso impedir la explosión del «coche bomba», al mediodía del sábado pasado, frente al Cuartel de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, con un saldo de al menos cinco muertos y 12 lesionados graves.
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