Diputados aprueban Ley de Aguas entre protestas campesinas: agricultores denuncian una expropiación disfrazada
Tras 24 horas de intenso debate en la Cámara de Diputados, se aprobó en lo particular la nueva Ley General de Aguas con 324 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 118 en contra de PAN, PRI y MC, y 2 abstenciones. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, centraliza el control estatal del recurso hídrico, prohíbe la especulación y crea un Registro Nacional del Agua para mayor transparencia. Esta reforma busca revertir la mercantilización del agua desde 1992, pero ha generado divisiones profundas en el Congreso y la sociedad.
Los agricultores y campesinos, representados por líderes como Adrián LeBarón, denuncian una “traición” del oficialismo, argumentando que la ley rompe el vínculo entre tierra y agua, impidiendo la transmisión automática de concesiones en ventas o herencias. En redes sociales, productores de Baja California y Sonora advierten que esto devalúa sus propiedades y genera inseguridad jurídica, afectando a ejidatarios y pequeños cultivadores que dependen de pozos familiares para subsistir. “Sin agua, la tierra no vale nada”, claman.
Las protestas se intensificaron con bloqueos en al menos seis estados, incluyendo caravanas de tractores en Guanajuato y cierres de cruces fronterizos en Ciudad Juárez, donde transportistas se sumaron exigiendo diálogo. Campesinos de Puebla y Quintana Roo radicalizaron acciones, amenazando con colapsar la CDMX si no se atienden demandas como mantener la transmisión de derechos hídricos para uso agropecuario. En X, hashtags como #LeyDeAguas y #TraidoresAlCampo acumulan miles de interacciones de indignación rural.
El oficialismo defiende la ley como un avance contra el acaparamiento por grandes empresas, garantizando el derecho humano al agua para comunidades indígenas y rurales, con excepciones para usos familiares. Sin embargo, opositores como el PRI y PAN critican su rigidez, alertando sobre sanciones desproporcionadas y centralización que criminaliza al campo. Agricultores exigen foros abiertos y rechazan el “fast track” legislativo.
La minuta ya fue remitida al Senado, donde Morena anticipa aprobación rápida, pese a amenazas de escalada en protestas campesinas. Líderes agropecuarios llaman a la unidad nacional contra lo que llaman “confiscación disfrazada”, urgiendo inversión en infraestructura hídrica en lugar de control burocrático. El campo mexicano, pilar de la soberanía alimentaria, exige ser escuchado antes de que el agua se convierta en botín político.
