A tres años, gobierno de Salomón Jara no ha procesado a ningún funcionario o subalterno por corrupción
A tres años del gobierno de Salomón Jara, la lucha contra la corrupción prometida como eje de la llamada “primavera oaxaqueña” se ha desdibujado. Ni la Secretaría de Honestidad ni la Fiscalía Anticorrupción han logrado procesar a un solo funcionario estatal, pese a las múltiples denuncias presentadas formalmente desde 2023.
La inacción institucional contrasta con el discurso oficial de transformación de Jara. Mientras el gobierno presume transparencia y rendición de cuentas, los expedientes internos revelan que ninguna investigación ha derivado en sanciones administrativas o penales para integrantes del gabinete o mandos medios. Todo ha quedado en auditorías preliminares, oficios circulares y promesas repetidas.
El caso más representativo de este estancamiento es el de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural, donde cuatro funcionarios han sido denunciados por desvíos millonarios, tráfico de influencias y cobro de “moches”. A pesar de la gravedad de los señalamientos, ninguna autoridad ha logrado avanzar hacia una vinculación a proceso.
La Fiscal Anticorrupción y la secretaria de la Honestidad y Transparencia del Gobierno de Oaxaca.
La denuncia presentada por el ex trabajador Jesús Pacheco Arango exhibe irregularidades por al menos 137 millones de pesos en proyectos agrícolas “fantasma”. No obstante, los cambios constantes en la Fiscalía y el Ministerio Público han frenado cualquier avance, convirtiendo el caso en un símbolo del inmovilismo institucional.
Incluso las amenazas de muerte reconocidas por uno de los señalados, Eusebio Atanacio Morga Herrera, fueron resueltas mediante un acuerdo de reparación, sin tocar el fondo del problema: la presunta red de corrupción interna en una de las dependencias más estratégicas del gobierno de Jara.
En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción presume más de 4 mil 500 investigaciones, pero la mayoría corresponden a ayuntamientos y a sexenios anteriores, principalmente el de Alejandro Murat. Si bien diez exfuncionarios de esa administración ya enfrentan proceso penal, ninguno pertenece al actual gobierno estatal.
El propio gobierno de Jara ha presentado 102 denuncias por manejo irregular de recursos, de las cuales solo cuatro llegaron a judicialización. De nuevo, todas apuntan hacia administraciones pasadas, contratistas y exservidores, nunca hacia funcionarios del actual gabinete ni colaboradores cercanos al mandatario morenista.
La Secretaría de Honestidad tampoco ha mostrado avances significativos. Aunque reporta investigaciones iniciales y más de 200 sanciones administrativas en 2024, la mayor parte corresponde a ejercicios fiscales previos y faltas menores. Las denuncias contra funcionarios en activo permanecen congeladas en etapas preliminares, sin claridad ni resultados.
A pesar de contar con denuncias, auditorías y turnos hacia el Tribunal de Justicia Administrativa, no existe una sola sanción firme contra funcionarios de la administración de Jara. El contraste entre el volumen de señalamientos y la ausencia de castigos alimenta sospechas de encubrimiento, complacencia o incapacidad.
Mientras tanto, la narrativa oficial insiste en la transparencia como sello de la “primavera oaxaqueña”. Pero los hechos revelan otra realidad: un gobierno que exige rendición de cuentas a los de ayer, pero que protege a los de hoy, dejando sin castigo posibles actos de corrupción cometidos bajo su propio mandato.
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