Oaxaca, entre violencia e impunidad crecientes, pese a la “Primavera oaxaqueña” de Salomón Jara
Con el gobierno de Salomón Jara y su “Primavera oaxaqueña”, la violencia aumentó drásticamente en el estado de Oaxaca. Los homicidios, feminicidios y delitos de alto impacto crecieron más del veinte por ciento respecto al último año de Alejandro Murat. Además, el 85% de los asesinatos está relacionado con crimen organizado, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aunque Oaxaca posee una riqueza cultural y social inmensa, enfrenta desde hace años una violencia cíclica agravada por una impunidad devastadora. La falta de castigo erosiona profundamente la confianza ciudadana en las instituciones, debilitando aún más la seguridad. Esta combinación ha convertido la vida cotidiana en un terreno incierto marcado por miedo constante, de acuerdo con la investigación sobre seguridad pública realizada por Tiempo Digital.
El índice de impunidad en la entidad refleja un problema estructural: solo uno de cada diez homicidios se esclarece en México, y Oaxaca no presenta mejores cifras. Para octubre de 2025, sumaban 2 mil 217 homicidios dolosos, 85% de ellos vinculados al crimen organizado. La impunidad supera el 90%.
En feminicidios, el panorama es igualmente alarmante. Aunque enero de 2025 registró apenas dos casos, según el reporte oficial —invalidado por activistas y defensores de los derechos humanos— el acumulado anual alcanza catorce investigaciones. Muchos hechos no se tipifican correctamente y permanecen invisibles. El gobierno presume que en 2024 hubo veinte feminicidios, menos de la mitad de 2022, pero la baja incidencia tiene que ver con su reclasificación tramposa, más que en su disminución real.
Juchitán es hoy el ejemplo más doloroso del deterioro. Se consolidó como el municipio más violento de 2025, con cerca de cincuenta homicidios dolosos entre enero y noviembre. Sicarios actúan repetidamente sin consecuencias. En junio capturaron a cuatro por incendiar comercios vinculados al Cártel de Sinaloa, pero la violencia no disminuyó.
Esta semana, un ataque armado dejó tres jóvenes muertos, incluidas dos mujeres, y provocó la desaparición de una niña de cuatro años. Su cuerpo apareció posteriormente. Aunque la Fiscalía detuvo a tres mujeres, fuentes locales señalan que no son las autoras materiales. Denuncian complicidad policial, filtraciones y omisiones que profundizan la desconfianza ciudadana.
La Fiscalía asegura usar “evidencia objetiva” del C5i para combatir la impunidad, pero casos como el de la niña exhiben fallas graves: la familia no fue notificada primero del hallazgo del cuerpo. La institución, encabezada por Bernardo Rodríguez Alamilla, continúa percibiéndose como un aparato sin autonomía ni capacidad operativa real.
El gobierno presume esfuerzos visibles: apoyo a investigaciones de crimen organizado, detenciones por narcomenudeo y condenas públicas a asesinatos como el de la regidora Guadalupe Urban. Sin embargo, abundan señalamientos: presuntos vínculos con el narco, nepotismo, protección a células criminales y una Fiscalía comparada con un “florero” por su ineficacia persistente.
En redes sociales la indignación crece: marchas por justicia, reclamos por carpetas archivadas y denuncias de que cuatro alcaldes han sido asesinados durante el sexenio. La Auditoría Superior detectó cincuenta y cinco punto ocho millones desviados en 2024. Incluso se pagó a personas fallecidas, mostrando niveles graves de corrupción institucional.
La falta de investigación profunda, personal capacitado, tecnología y voluntad política sostiene el problema. Juchitán confirma la repetición de sicarios con aparente protección institucional. Jara heredó un desafío en materia de seguridad, pero su fallida “Primavera oaxaqueña” ha complicado y agravado el fenómeno. Oaxaca necesita acciones urgentes: auditorías independientes, inteligencia real y combate frontal a la corrupción.
