POLÍTICA EXPRÉS | * El Istmo en llamas: la violencia que el gobierno de Salomón Jara no ha sabido apagar
La brutal muerte de Noelia Daylen, la niña de cuatro años localizada sin vida en Juchitán, no es una tragedia común: es la señal más cruda de un problema estructural que carcome al Istmo de Tehuantepec y a otras regiones de Oaxaca. El hallazgo y las detenciones relacionadas mostraron la magnitud del conflicto, pero no responden a la pregunta central: ¿por qué permitimos que la violencia infantil y comunitaria llegue a este punto?
Los datos oficiales hablan por sí solos. La Vicefiscalía del Istmo y la Fiscalía estatal registran un incremento sostenido de carpetas por homicidio en la región; Juchitán aparece repetidamente entre los municipios más afectados. Esa cifra no es un número abstracto: son familias destruidas, escuelas con miedo y calles que se evitan al caer la noche. La información estadística de la Fiscalía de Oaxaca confirma un patrón preocupante de violencia que exige respuestas eficaces y efectivas.
Las raíces del problema son múltiples y convergentes. En el Istmo confluyen conflictos agrarios y comunales, disputas por el uso de la tierra, la presión de proyectos de infraestructura —como el Corredor Interoceánico— y la presencia de células delictivas que explotan estos vacíos de poder. La imposición de grandes proyectos sin garantías reales de consulta y reparación social alimenta el despojo y pone a defensores del territorio en la mira. Esa ecuación es explosiva: inversiones sin inclusión más violencia organizada.
A esto se suma la constatación de organizaciones y observatorios: la presencia de grupos del crimen organizado en Oaxaca y la competencia entre ellos ha transformado delitos tradicionales en patrones de violencia más sofisticados —extorsión, trata, secuestro y homicidios selectivos— que el aparato público parece incapaz de contener con el enfoque actual. No se trata solo de más policías en la calle; es una red de impunidad y complicidades que permea instituciones y economías locales.
El gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, militante de Morena, ha tenido tiempo y mandato para priorizar seguridad, prevención y justicia en Oaxaca. Sin embargo, la respuesta ha sido fragmentaria: comunicados, operativos reactivos y promesas de coordinación interinstitucional. La reacción a los hechos, aunque necesaria, llega tarde si no va acompañada de investigación profunda, combate a la corrupción local y políticas sociales que reduzcan la vulnerabilidad. La ciudadanía ya no sólo pide reacciones: exige transformaciones. (A partir de la experiencia y la percepción ciudadana recogida en distintas coberturas y denuncias locales).
La lógica de la seguridad pública en Oaxaca debe reinventarse. Primero: priorizar la justicia local —investigaciones con capacidad técnica, protección a testigos y acompañamiento a víctimas— para quebrar la cadena de impunidad. Segundo: reconstruir el tejido social con inversión en educación, salud y programas de empleo juvenil en las regiones más golpeadas. Tercero: democratizar la planeación de proyectos como el Corredor Interoceánico para evitar que las infraestructuras se conviertan en catalizadores de conflicto. Estas medidas requieren voluntad política y recursos reales, no solo retórica.
No es aceptable que, frente a asesinatos y desapariciones, la narrativa oficial se limite a condenas genéricas y consignas de “mano dura”. La mano dura sin prevención y sin justicia efectiva se convierte en espectáculo que no resuelve. Los crímenes abominables, como el caso de la pequeña Noelia, deben esclarecer responsabilidades, mostrar transparencia forense y procesal, y dar respuestas públicas sobre las fallas institucionales que permitieron el crimen. La sociedad merece saber qué se hizo y qué no, sin eufemismos.
Las autoridades locales y la sociedad civil juchiteca también tienen responsabilidades: la denuncia ciudadana, la búsqueda organizada y la presión pública han sido cruciales para visibilizar casos que de otro modo habrían quedado en el olvido. Pero no puede recaer en voluntarios y familiares la carga de proteger a los niños y de investigar a los victimarios. El Estado tiene la obligación ineludible de garantizar seguridad y protección a la infancia. Cuando falla, pierde legitimidad.
Si el gobierno de Salomón Jara desea verdaderamente transformar la situación, debe aceptar tres tareas básicas: reconocer la gravedad del fenómeno más allá de justificaciones y discursos partidistas; abrir canales de rendición de cuentas donde se expliquen avances y errores; y trazar una estrategia de largo plazo que combine seguridad operativa con políticas sociales y reforma institucional. Nada de esto es novedoso; lo que falta es coraje político para implementarlo.
La memoria de Noelia y de tantas otras víctimas exige más que repartir culpas: demanda políticas con perspectiva de infancia, procesos judiciales transparentes y un compromiso real por desmantelar las redes que alimentan la violencia. Si Oaxaca quiere dejar de ser tierra de dolor, su gobierno debe pasar de la reacción a la prevención, de la foto institucional a la acción sostenida. La gente del Istmo merece vivir sin miedo, y eso no es una consigna: es una exigencia democrática.
