Juchitán de Zaragoza, en #Oaxaca, convertido en tierra de nadie ante la indiferencia del gobierno estatal
La violencia en Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Oaxaca, ha alcanzado niveles alarmantes. A pesar de los presupuestos históricos y los discursos de “paz con justicia”, el municipio vive bajo el control de células del crimen organizado que se disputan el territorio sin respuesta efectiva del gobierno de Salomón Jara.
La operación “Sable”, iniciada por la Fiscalía General del Estado en febrero de 2025, quedó inconclusa y sin resultados profundos. No descabezó liderazgos criminales por razones políticas, ni fue acompañada de políticas sociales que ofrecieran alternativas a los jóvenes atrapados por el narcotráfico y la economía del miedo, denuncian hoy sus habitantes.
El Cartel del Istmo y otros grupos locales mantienen una lucha por el control territorial desde hace más de dos décadas. Su poder se extiende a través de extorsiones, ejecuciones, narcomenudeo y tráfico de migrantes. Juchitán se ha convertido en un punto estratégico para el crimen, especialmente con la expansión del Corredor Interoceánico.
La colusión institucional agrava el problema. Policías municipales son acusados de servir como informantes o cómplices, mientras las autoridades locales, en teoría responsables del orden, se encuentran rebasadas e incluso señaladas por sus presuntos vínculos con líderes criminales que dominan la región del Istmo de Tehuantepec.
En apenas 72 horas, del 9 al 12 de noviembre, se registraron siete homicidios en Juchitán. Entre las víctimas figuran tres jóvenes ejecutados con armas de grueso calibre y la niña Noelia Daylen, de cuatro años, hallada sin vida tras un tiroteo. Ningún operativo ha frenado la ola de asesinatos.
Los habitantes viven bajo un clima de miedo. Comerciantes cierran sus negocios, familias abandonan sus hogares y las denuncias son mínimas por temor a represalias. Según el Índice de Paz México 2025, la violencia cuesta a Oaxaca más de 122 mil millones de pesos al año.
El tráfico de personas se ha convertido en otro eje criminal que alimenta la violencia. Miles de migrantes son secuestrados o extorsionados en su paso por Juchitán. Aunque se han realizado detenciones como la de “La Hiena”, implicada en secuestros de centroamericanos, los cárteles mantienen el control de las rutas clandestinas.
Los megaproyectos impulsados desde el gobierno federal y estatal, como el Corredor Interoceánico, no han traído desarrollo ni seguridad, sino más disputas territoriales. Comunidades indígenas denuncian agresiones, despojos y amenazas por oponerse a obras sin consulta previa, lo que agrava la tensión social y la violencia estructural.
Frente a este panorama, los programas sociales y las jornadas comunitarias del gobierno oaxaqueño son apenas paliativos. Expertos señalan la urgencia de una intervención integral: depuración policial, inversión productiva, protección a migrantes y diálogo con pueblos originarios para reconstruir el tejido social.
Juchitán es hoy un espejo de la descomposición que vive Oaxaca. Mientras el crimen impone su ley, el gobierno de Salomón Jara administra la violencia. Sin justicia, sin paz y sin esperanza, el Istmo se hunde en el abandono, convertido en una auténtica tierra de nadie.
