Indiferencia oficial en Oaxaca capital ante la muerte en la vía pública de 56 personas en situación de calle
En casi tres años del gobierno de Salomón Jara y bajo las administraciones municipales de Francisco Martínez Neri y Raymundo Chagoya Villanueva, al menos 56 personas en situación de calle han muerto en la capital oaxaqueña. Ninguna autoridad ha asumido responsabilidad ante esta tragedia silenciosa.
La mayoría de los decesos ocurrieron en la vía pública, víctimas del frío, enfermedades respiratorias, desnutrición, alcoholismo o consumo de drogas. A pesar de las reiteradas exigencias ciudadanas, ni el gobierno estatal ni el municipal han mostrado voluntad para instalar un albergue digno que les brinde refugio y atención básica.
Los reportes policiales confirman una dolorosa constante: cuerpos hallados en parques, banquetas o debajo de los puentes y mercados, sin identificación, sin familia y sin justicia. Las autoridades suelen limitarse a levantar los restos y cerrar el expediente, sin una política que atienda las causas estructurales de esta exclusión social.
La omisión es alarmante. Oaxaca, uno de los estados más pobres del país, exhibe una profunda desigualdad que golpea con mayor fuerza a quienes carecen de todo. Mientras el discurso oficial presume programas de bienestar, la realidad muestra que cientos de personas sobreviven en condiciones infrahumanas a la vista de todos.
Los gobiernos estatal y municipal han preferido mirar hacia otro lado, argumentando falta de presupuesto o competencia institucional. Sin embargo, cada muerte representa una muestra de la ineficiencia y deshumanización del aparato público, que no logra —ni parece querer— garantizar el derecho a la vida y la dignidad.
Colectivos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos han denunciado la negligencia oficial, recordando que el abandono institucional también mata. Han exigido políticas públicas reales, atención médica, programas de rehabilitación y espacios seguros donde estas personas puedan resguardarse durante las noches frías o las temporadas de lluvia.
El Congreso local tampoco ha asumido su responsabilidad. Ningún legislador ha impulsado una iniciativa seria para atender a la población sin hogar, a pesar de que el problema crece visiblemente en calles, mercados y zonas periféricas. La omisión legislativa también forma parte del abandono sistemático.
La falta de sensibilidad política es evidente. Las muertes en la calle no generan pronunciamientos oficiales ni investigaciones periodísticas. Parecen muertes que no cuentan, vidas descartables que no entran en las estadísticas de la “primavera oaxaqueña”. Esa indiferencia se ha vuelto una forma cotidiana de violencia institucional.
La ciudadanía observa con indignación cómo la pobreza extrema y el abandono se normalizan. Cada cuerpo hallado en la calle es una llamada de atención ignorada. El silencio de las autoridades confirma que en Oaxaca la vida humana tiene valor solo cuando es políticamente útil o mediáticamente rentable.
Mientras los discursos oficiales prometen justicia social y bienestar, la realidad muestra un gobierno ausente y una sociedad que se acostumbra al dolor. Los 56 muertos en situación de calle no son solo cifras: son el retrato más descarnado del fracaso institucional y la descomposición moral del poder público.
