Ejecución extrajudicial y encubrimiento: policías de Santa Lucía asesinaron a estudiante y el alcalde sigue impune
Diego Ignacio Paz, estudiante de 22 años de la Universidad Anáhuac, fue ejecutado extrajudicialmente por policías municipales de Santa Lucía del Camino durante un filtro de alcoholimetría el 31 de agosto de 2024. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó el uso ilegítimo de la fuerza letal, exponiendo la impunidad rampante en autoridades locales.
A más de un año del crimen, la DDHPO no ha logrado sanciones contra concejales, mandos policiales ni el alcalde Juan Carlos García Márquez, responsable administrativo de la corporación. Esta inacción revela fallas sistémicas en la rendición de cuentas, permitiendo que violaciones graves queden impunes y erosionen la confianza pública en instituciones.
El joven y su acompañante intentaron evadir el retén en un Audi, desencadenando una persecución con disparos contra el vehículo que hirieron fatalmente a Diego en el abdomen. Agentes lo agredieron después. Autoridades alegaron consumo de alcohol, pero la autopsia descartó etanol o drogas, desmintiendo excusas oficiales y evidenciando falsedades.
La DDHPO clasificó el hecho como ejecución extrajudicial, criticando el empleo desproporcionado de fuerza por agentes sin formación ni certificaciones para operativos o porte de armas. Esta negligencia institucional pone en riesgo a civiles, destacando la precariedad de protocolos policiales en municipios conurbanos a Oaxaca de Juárez.
El Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino obstruyó la investigación al negar datos sobre implicados y cadena de mando. La DDHPO recomendó capacitaciones urgentes en derechos humanos y uso de fuerza, pero la falta de cooperación subraya una cultura de encubrimiento que prioriza el secretismo sobre la justicia.
Aunque el alcalde destituyó al director policial y cinco oficiales, esta medida superficial no aborda responsabilidades superiores ni previene recurrencias. La ausencia de sanciones reales critica la superficialidad de respuestas gubernamentales, demandando reformas estructurales para erradicar ejecuciones y garantizar accountability en Oaxaca.
