POLÍTICA EXPRÉS | * Censura disfrazada de contratos: el atropello a los medios en Oaxaca
En Oaxaca, la relación entre autoridades y medios de comunicación está marcada por la censura, la manipulación y el chantaje económico. Los contratos o convenios publicitarios, que deberían servir para transparentar acciones de gobierno, se han convertido en instrumentos de control político. La libertad de prensa es sacrificada en aras de la imagen.
Algunos alcaldes, como en el caso de Daniel Méndez Sosa en Salina Cruz, imponen condiciones indignas: publicar únicamente boletines oficiales, ocultar hechos de violencia y atacar adversarios políticos. Quien no acepta esas reglas queda fuera del presupuesto. Así, el dinero público se convierte en arma de sometimiento informativo.
Este comportamiento autoritario no solo degrada la profesión periodística, también vulnera el derecho ciudadano a estar informado. Callar los asesinatos, los asaltos y la violencia cotidiana solo para proteger una campaña política es un crimen contra la sociedad. Un pueblo mal informado es un pueblo manipulado.
Lo más grave es que esta práctica es común en muchos municipios de Oaxaca. Los convenios de publicidad gubernamental se han transformado en censura disfrazada. La frase “no hables mal del presidente si quieres seguir teniendo pautas publicitarias” se repite en despachos oficiales, mostrando el desprecio absoluto hacia el ejercicio periodístico independiente.
En países como Estados Unidos, existen leyes que garantizan que los medios de comunicación tengan acceso obligatorio a una parte del presupuesto público. Esto asegura que se mantenga un flujo informativo plural, sin discriminación política y sin chantajes. En México, esa legislación es una deuda urgente con la democracia.
El financiamiento público a medios no puede seguir condicionado a ocultar información. Se necesita un modelo transparente y equitativo, donde cada medio acceda a recursos con base en criterios claros y legales, no por afinidad política ni por sumisión al gobernador o al alcalde en turno. Eso sí sería fortalecer la democracia.
El caso de Salina Cruz, qué ha sido ampliamente difundido en las redes sociales, revela cómo los recursos del erario se usan para silenciar voces críticas y fabricar una imagen artificial de progreso. La ciudadanía desconoce la magnitud de la violencia porque las páginas locales son presionadas a callar. Ese pacto de silencio erosiona la confianza en las instituciones.
Además, los convenios amañados son terreno fértil para la corrupción. Gobernador y alcaldes destinan millones de pesos a publicitar obras inexistentes o acciones triviales, mientras niegan apoyo a medios que documentan abusos y desvíos. La censura pagada con dinero público se convierte en complicidad entre gobierno y prensa domesticada.
En Oaxaca urge romper con ese modelo perverso. Los medios deben recuperar su independencia y la ciudadanía su derecho a información veraz. Sin transparencia presupuestaria, la democracia seguirá siendo rehén de intereses electorales. La legislación federal debe obligar a los gobiernos a respetar la pluralidad informativa y garantizar acceso justo.
Mientras no se legisle, alcaldes como Daniel Méndez seguirán condicionando la publicidad oficial a cambio de silencio y fabricando propaganda con recursos públicos. Oaxaca merece gobiernos que rindan cuentas, no que compren conciencias. Y merece medios libres, no voceros a sueldo. El derecho a la información no es un favor: es un pilar democrático irrenunciable.
